La cuestión catalana ha ocupado con enorme intensidad la vida política española durante este año 2017. Las instituciones del Estado y la sociedad en su conjunto han afrontado el reto político más trascendente desde la muerte de Franco y ciertamente la democracia española ha fallado.
El desenlace ha sido trágico; el autogobierno de Catalunya ha sido suspendido, el President de la Generalitat y algunos de sus consellers han buscado protección en Bélgica, la mitad de los miembros del Govern están en las prisiones de Estremera y Alcala-Meco, los líderes de las dos grandes organizaciones de la sociedad civil catalanista que han protagonizado las masivas, persistentes y pacíficas movilizaciones en favor del derecho a decidir y en defensa de un Estado para Catalunya también han sido encarcelados, y la violencia policial marcó la jornada electoral del 1 de octubre. La desconexión y la desafección de cerca de la mitad de la población catalana con el proyecto español se han consolidado. La política ha fracaso en su función de buscar soluciones políticas a los problemas políticos. La opción del Gobierno del PP durante estos años por el conflicto competencial y la represión penal y policial nunca han resuelto una cuestión democrática como ésta que ha planteando la sociedad catalana. El panorama para 2018 viene cargado de nubarrones e interrogantes a la espera de los resultados del próximo 21 de diciembre.
Durante años, el factor catalán aportó estabilidad y gobernabilidad a la política española. Y durante años Catalunya fue un activo agente modernizador del conjunto de la sociedad española. Y eso fue posible con un desarrollo fuerte y sólido del autogobierno catalán y una consolidación de la identidad nacional de Catalunya. De alguna manera el equilibro empezó a romperse en los primeros años 2000 con la mayoría absoluta de Aznar y el despliegue de un proyecto político recentralizador y uniformizador de claro corte nacionalista español. Y la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de verano del 2010 y el estadillo de la crisis desencadenó un movimiento de fondo de la sociedad catalana a favor de la propuesta de un Estado propio para Catalunya basado en el derecho a decidir de los catalanes a su futuro político. Una propuesta, la soberanista, que asociaba el Estado propio y el derecho a decidir a los principios de reconocimiento y justicia.
La política española en su conjunto ha sido incapaz de formular propuesta política alguna ante la demanda democrática catalana. El tancredismo de los primeros años mutó en represión y conflicto y el tan anunciado choque de trenes se produjo. Y la democracia española no ha quedado indemne. Las personas encarceladas de manera injusta por la Audiencia Nacional y la dura represión durante la jornada del 1 de octubre han herido en profundidad a la sociedad catalana pero también han evidenciado los límites y las debilidades de la democracia española. Se han forzado leyes y procedimientos, se han vulnerado derechos fundamentales y no se ha amparado a cientos de miles de ciudadanos.
Una democracia fuerte y vigorosa que hiciese suyos los principios democráticos del pluralismo nacional necesariamente debe de encontrar formulas políticas que permiten encauzar las demandas catalanas. En el Canadá y en el Reino Unido se ha demostrado que esa aspiración es posible.
Cerramos pues este año con enorme tristeza y con la esperanza que la política democrática sea de nuevo la fórmula que permita resolver el conflicto y restaurar el paisaje devastado por el choque de trenes.
Carles Campuzano, portavoz del PDECAT en el Congreso de los Diputados.
