Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid
Se refiere al letrado a las manifestaciones en las que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha reaccionado sobre lo dicho por Bárcenas, que la ha acusado en sede judicial de recibir un sobre con 60.000 euros de una constructora para financiar una de sus campañas electorales.
Según ha afirmado Aguirre ante los medios de comunicación, estas manifestaciones ante el juez constituyen «una trola inmensa» de Bárcenas para obtener beneficios penitenciarios. La ex política ha anunciado a su vez una querella contra el ex tesorero.
«Olvida la señora Aguirre que actualmente no ostenta, gratuitamente, la condición del llamado «imputado» en la pieza de Púnica», ha añadido, en alusión al hecho de que la ex presidenta esté siendo investigada en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PP de Madrid.
«Resulta sorprendente que alguien de la relevancia, que en la función pública ha ostentado doña Esperanza, utilice en su interés ciertas resoluciones judiciales para desacreditar el testimonio del señor Bárcenas, y al mismo tiempo tache de arbitrarias otras resoluciones de distintas instituciones de nuestro Estado para referirse a la obtención de beneficios penitenciarios de la señora Jordán», afirma en relación con Isabel Jordán, defendida igualmente por Galán en el caso ‘Gürtel».
Los beneficios penitenciarios de Jordán, añade, han sido avalados por sentencia Audiencia Nacional y sendos autos de este órgano, por la Fiscalía Anticorrupción y por Instituciones Penitenciarias, «al margen de su protección policial desde el año 2009 al 2018, con una sentencia que alaba su colaboración con la justicia aun a riesgo de su integridad física», puntualiza el abogado.
Por ello, considera «inadmisible» que una persona de la relevancia de Aguirre se refiera a dos particulares, entre los que se incluye el mismo, cuyo objetivo es «humildemente, defender los intereses de sus patrocinados, además de al señor Bárcenas, que aquí ostenta la condición de testigo» muy diferente a la que en esta pieza tiene atribuida la expresidenta.
«Lo que procede, en alguien que ha llegado a ostentar el cargo de Ministra, es dejar trabajar en paz a nuestras instituciones judiciales», concluye el comunicado.
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