La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el exdirector general, Ricard Pagès, y tres años para los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas. La Audiencia Nacional ha iniciado hoy el juicio contra cuatro exdirectivos de Caixa Penedès acusados de haberse adjudicado pensiones por 31,6 millones mediante pólizas que contrataron a espaldas de los órganos de control de la entidad.
En concreto, la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el exdirector general, Ricard Pagès, y tres años para los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas. El ministerio fiscal reclama a todos ellos, además, que devuelvan las cantidades percibidas fraudulentamente y que se les inhabilite para el ejercicio de cargos directivos en el sector bancario.
El primero en declarar ha sido José Abella, ex director general adjunto de la caja, que ha asegurado ante el juez que él no cometió ninguna irregularidad, que podía jubilarse a los 60 años y que fue una empresa gestora externa la que estableció la pensión. “Las pólizas estaban de acuerdo con lo establecido en el reglamento de planes de pensiones”, se ha defendido, según recoge El País.
Él y otros tres directivos encausados habrían suscrito una póliza de seguros con 8,7 millones además de su fondo de pensiones a espaldas del consejo de administración: “Ese impacto [sobre las cuentas] estaba dotado. En ningún caso supuso un coste extra ya que la cantidad que había en el fondo interno es la que se externalizó”, en el año 2001, ha asegurado al juez, para añadir que se enteró “por la prensa”, del revuelo armado por la existencia de esa póliza. “El 2006 era un año espléndido para la caja, no existía el FROB”, ha explicado.
Es más, Abella, que llegó a percibir 1,89 millones de prejubilación, ha insistido en que el personal laboral común cobraba del fondo de pensiones y de la póliza, por lo que si no se hubieran consolidado los derechos de los directivos, se les habría «discriminado».
Por su parte, el abogado de Ricard Pagès ha alegado que el procedimiento no puede ser tratado en esta instancia y, amparándose en una supuesta “inseguridad jurídica”, ha solicitado la inhibición a favor de los juzgados de instrucción. La defensa de Manuel Troyano también ha reclamado la nulidad de las actuaciones por “vulneración de derecho a la defensa”, ya que el juez instructor no solicitó ningún traductor para examinar los documentos escritos en catalán. “Es una cuestión de tranquilidad para todos, porque si el juzgado traduce mal alguno de los documentos podría afectar a la defensa”, ha alegado.
Por último, sobre Juan Caellas, la defensa considera que su despido, en agosto de 2011, se realizó tras la negociación con el Banco Mare Nostrum y la propia caja, que firmaron el acuerdo de finiquito donde “se reconocen los derechos de las pólizas”.
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