Los tribunales tendrán la última palabra sobre el despido del expresidente de la entidad Adolf Todó y sobre el ERE aprobado el año pasado. La subasta de CatalunyaCaixa se ha convertido en un quebradero de cabeza para el ministro de Economía, Luis De Guindos, que cada vez ve más complicado poder recuperar al menos una parte de los más de 12.000 millones de euros inyectados en la entidad. Los frentes judiciales que tiene abiertos la nacionalizada amenazan con reducir aún más el escaso interés mostrado por los potenciales compradores y disparar la factura a costa de los contribuyentes.
A esta venta no ayudan nada los últimos líos judiciales en los que se está viendo envuelta la entidad. Ayer mismo se conocía que el juez del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, Francisco Leal, obliga al Fondo de Reestructuración Ordenada bancaria (FROB) a readmitir al expresidente de CatalunyaCaixa Adolf Todó y al exconsejero delegado Jaume Masana en sus cargos, o a pagarles una indemnización de 600.000 euros a cada uno por despido improcedente.
El ministro de Economía, Luis De Guindos, que fue el principal instigador del despido de Todó y el fichaje para sustituirle de José Carlos Pla, ya ha anunciado que el FROB recurrirá la sentencia.
No es el único frente judicial que tiene abierta la entidad, sino que los tribunales también tendrán la última palabra sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado el año pasado. El sindicato ATRAE, que agrupa a trabajadores del área de expansión de la entidad (fuera de Cataluña), ha anunciado que tiene intención de presentar un recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo después de que, tras un primer recurso, la Audiencia Nacional diese su visto bueno a este acuerdo laboral.
A estos casos, hay que sumar además los de los clientes que han decidido llevar a los tribunales a la entidad rescatada por asuntos como las preferentes y la deuda subordinada o las cláusulas suelo.
La ‘judicialización’ de la entidad no ayuda a la hora de encontrar un comprador para CatalunyaCaixa, que le ha costado por el momento a los contribuyentes 12.052 millones de euros sólo a través de inyecciones de capital. La intención del ministro Guindos es la de vender la entidad antes del verano, pero cada vez son más las señales que apuntan a que esta operación deberá retrasarse, después de que ya se haya suspendido dos veces.
De momento, el FROB intenta llevar a cabo una venta selectiva de algunos negocios, como la división inmobiliaria o la red de oficinas fuera de Cataluña, para proceder posteriormente a la venta de una entidad más ‘limpia’. Pero incluso de este modo la venta no parece sencilla, no al menos a un precio medianamente atractivo que permita recuperar parte de los fondos públicos inyectados en CatalunyaCaixa.
Muchos rumores del mercado apuntaban ya a finales del año pasado a que la venta no se realizaría al menos hasta el tramo final de 2014, cuando ya se hubiesen realizado los test de estrés del BCE y la revisión de calidad de los activos (AQR) de la banca europea.
