La fusión de Unicaja y Ceiss da un nuevo ‘empujito’ a la factura de la reestructuración del sistema financiero, ya de por si alta. Elena Salgado fue la primera en asegurar que la reestructuración de la banca la pagaría el sector y después Luis de Guindos reiteró el discurso. Pero en los dos años que lleva al frente del Ministerio de Economía se ha visto obligado a variar el mensaje. Desde “los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración” que aseguró al poco de asumir la cartera, hasta los 61.000 millones que se han inyectado en el sector “de momento”, aseguró hace menos de dos semanas.
Desde entonces, la factura ha vuelto a crecer para dar un último ‘empujoncito’ a la fusión de Unicaja y Ceiss. La entidad andaluza ha conseguido arrancar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) unas ayudas adicionales de 241 millones de euros para cerrar la fusión del banco de Caja España-Duero, una operación que supondrá un coste para los contribuyentes de casi 1.530 millones de euros, de los que buena parte no se recuperarán.
Nadie duda de que el coste del rescate va a seguir subiendo. El propio Guindos no descarta que el sector pueda necesitar más fondos. De hecho, recientemente afirmó que el esquema de protección de activos (EPA), que en su día garantizó el Estado para cubrir las posibles pérdidas de la CAM tras ser vendida al Sabadell, asciende ya a 15.000 millones.
También son muchos los que creen que la factura del hundimiento de buena parte del sector financiero tendrá un coste descomunal. Ni siquiera el Gobierno se atreve a precisar cuántos millones de euros se perderán para siempre porque aún no se han vendido Bankia ni Catalunya Banc (en el caso de Novagalicia las pérdidas ascienden a 8.000 millones de euros tras su venta a Banesco).
Otro de los interrogantes es el de la Sareb, el conocido como ‘banco malo’. Aún se desconoce si necesitará o no una mayor aportación del Estado (ha recibido 2.160 millones de euros y posee el 45% del capital).
Por el momento, una de las pocas estimaciones es la de la Asociación Española de Banca (AEB), que en el pasado verano cifró en 33.000 millones las pérdidas reconocidas.
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