La transparencia opaca del ‘banco malo’

La Sareb, la sociedad conocida popularmente como ‘banco malo’, prepara ya la que será su mayor operación de venta de suelo bautizada como ‘Operación Crossover’. La Sareb, la sociedad conocida popularmente como ‘banco malo’, prepara ya la que será su mayor operación de venta de suelo bautizada como ‘Operación Crossover’. Según una información de la agencia Reuters, sacará a subasta cerca de 80 lotes de activos cuyo valor nominal ronda los 350 millones de euros y que incluye suelo urbanizable en Madrid, Cataluña, Galicia y Valencia. Por el momento se desconocen más detalles porque la operación aún no ha comenzado, pero cuando concluya probablemente tampoco saldrán a la luz, al menos de forma oficial.

El ‘banco malo’ cerró en agosto la venta de su primer paquete de activos inmobiliarios valorado en 100 millones de euros que recayó en el fondo de capital riesgo HIG Capital a través de una compleja operación, que se estructuró a través de un Fondo de Activos Bancarios (el primero que se creó en España) y que opera como una ‘joint venture’. El banco malo cuenta con una participación del 49% en dicho vehículo inversor, al que se traspasan los activos inmobiliarios de la cartera, mientras que HIG Capital posee el 51% restante.

La Sareb no informó del precio por el que compró las propiedades, ni como financió la operación, ni quien puso el capital ni la deuda ni a qué interés. Tampoco desveló contra que otras entidades competía HIG Capital ni por qué fue elegido. Justificó la falta de transparencia en su “estrategia comercial” y en que la ‘joint venture’ queda bajo el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Y es que el ‘banco malo’ se jacta de ser una entidad privada aunque el Estado posea un 45% de su capital social y de que ya en marzo, solo tres meses después de su constitución, su director general, Walter de Luna, reconociera que podría ocasionar pérdidas para los contribuyentes este año. De hecho, la factura para las arcas públicas por la adquisición de activos tóxicos al sector financiero asciende a 22.794 millones de euros.

El Gobierno también ha contribuido a la percepción de la Sareb como una sociedad opaca. De hecho, en julio se produjo una situación como poco llamativa. El Ejecutivo se negó a responder a una pregunta parlamentaria de UPyD relativa a dónde se encontraba la sede del ‘banco malo’ alegando que estaba sujeto al “deber de secreto” al tratarse de una entidad jurídico-privada, y a pesar de que en la propia página web de la institución se confirmaba que su sede se encuentra en la octava planta del número 89 del madrileño Paseo de la Castellana.

El argumento del Gobierno es que la participación pública en el capital de la Sareb es inferior al 50%, por lo que la institución se ha constituido como una «entidad jurídico-privada», sujeta por tanto a la Ley de Sociedades de Capital que «impone a los administradores el deber de secreto respecto a las informaciones de carácter confidencial y la obligación de guardar reserva de las informaciones, datos, informes o antecedentes que pudieran tener consecuencias perjudiciales para el interés social».

La respuesta del Ejecutivo es idéntica a la que el pasado mes de abril remitió al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela, que había pedido más información sobre las informaciones que apuntaban a que el ‘banco malo’ se había instalado en «una de las zonas más caras de la capital» como es el Paseo de la Castellana.

En un periodo de quince años, la Sareb debe vender 197.474 activos procedentes de esas entidades, buscando la máxima rentabilidad para sus accionistas. El objetivo es que al final de su vida, dentro de 15 años, deje una rentabilidad anualizada de entre el 13 y 14%. En su página web recoge que los valores de esta sociedad «son la integridad, la transparencia y el compromiso cívico».

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