Bancos, constructoras y concesionarias están detrás del capital de las nueve autopistas quebradas en España, que acumulan un agujero que ronda los 3.800 millones de euros. Aún está por ver qué hará el Gobierno, pero la idea del Ministerio de Fomento es crear una empresa pública, similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA), que asuma esa deuda, a la que habría que sumar otro crédito nuevo de 1.200 millones para hacerse cargo del coste de las expropiaciones de las autopistas, todavía sin pagar.
La ministra Ana Pastor ha insistido en repetidas ocasiones que el rescate de las autopistas no costará nada a los contribuyentes, aunque no es la primera vez que el Gobierno hace una afirmación similar y luego toma una dirección en el sentido contrario. Véase como ejemplo el caso de la banca.
La oferta inicial del departamento que dirige Ana Pastor a los socios privados de las autopistas consiste en trasformar sus inversiones y la deuda subordinada en un 20% de la nueva sociedad, lo que equivale a unos 120 millones de euros porque valoraría la futura empresa nacional en 608 millones.
La oferta no ha sido del agrado de las constructoras, que piden un 40% del capital de la nueva sociedad, algo a lo que el Ministerio de Fomento se ha cerrado en banda. El riesgo es que en caso de liquidación de las sociedades que operan las radiales, el Estado se enfrenta a la ejecución por parte de los bancos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, tal y como estipula la ley para los contratos de concesiones.
Las negociaciones de Fomento también se han extendido a la banca acreedora, que estaría dispuesta a reestructurar el pasivo para facilitar la creación de la empresa estatal y a recomprar la deuda de las entidades extranjeras con quitas, que algunos medios han cifrado en el 50%. Pero no todos los bancos foráneos estarían dispuestos a aceptar esta fórmula. Además, otro de los problemas es que los bancos nacionales han pedido al Gobierno que la nueva deuda tuviera como garantía al Estado, algo que podría forzar al Gobierno a consolidar ese pasivo como deuda pública.
Las autopistas, dueños y deuda de las autopistas que entrarían en la empresa pública serían los siguientes:
La R-4, propiedad de Ferrovial, Sacyr y CCM no fue capaz de refinanciar 550 millones de euros.
Las radiales 3 y 5 de Madrid fueron a concurso de acreedores con 650 millones. Sus accionistas con Abertis, Bankia, ACS y Sacyr.
La M-12 madrileña, controlada por OHL acumula una deuda de 227,4 millones de euros.
La AP-41 (Madrid-Toledo) abrió la avalancha de suspensiones de pagos con 336 millones de deuda. Sus accionistas son Isolux, Comsa, Sando, Azvi y BES.
En el caso de la autopista Ocaña-La Roda, de Ferrovial, Sacyr y Kutxa, la deuda asciende a 521 millones de euros.
Los dueños de la circunvalación de Alicante, ACS, Abertis y Globalvía, deben 242,7 millones.
La última en quebrar, la R-2, acumula 421 millones de deuda. Sus dueños son ACS, Abertis, Acciona y Bankia.
La deuda de la autopista Alicante-Cartagena asciende a 210 millones de euros. Está en manos de Ploder, Cajamar, Grupo Fuertes, Unicaja y Caja Muria.
En la Cartagena-Vera la deuda asciende a 651,2 millones de euros. Sus accionistas son Ploder, Globalvía, Unicaja, Grupo Fuertes, Cajamar y Caja Murcia.
El texto ha pasado este primer filtro de la Cámara casi dos meses después de…
"El dato de la Seguridad Social conocido hoy es inaudito, ya que no solo duplica…
Se trata de la primera subasta celebrada después de que el Consejo de Gobierno del…
En concreto, según los datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los…
Así, en enero de 2025 se registraron 107.202 vuelos, mientras que en el mismo mes…
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de…