Los preferentistas siguen esperando justicia, descartada ya en muchos casos la posibilidad de recuperar sus ahorros. Pero, de momento no obtienen nada de lo que creen merecer. Sobre todo porque Bruselas les impuso un duro castigo para aprobar el rescate bancario y el Gobierno de Rajoy acató el mandato. Sin rechistar.
Para el ministro de Economía, Luis de Guindos, estuvo claro desde el minuto uno que lo fundamental era salvar a las cajas quebradas. Entidades que, según los últimos datos oficiales, han recibido 61.000 millones en ayudas directas, de los cuales 37.000 proceden del fondo de rescate europeo.
Según algunos cálculos que se publicaron en aquellos días, con un 10% de la segunda cantidad hubiera bastado para que los preferentistas recuperaran los ahorros que perdieron.
De hecho, las cifras oficiales del FROB referentes a la totalidad de los productos ‘híbridos’ hablaban de un total de 8.000 millones repartidos entre 300.000 tenedores. Claro que en este grupo había jubilados estafados, pero también grandes inversores.
Bruselas no hizo distinciones. Exigió unos ahorros totales de 10.000 millones, entre reducción de capacidad, cierres de sucursales y despidos, y la quita que tendrían que soportar los preferentistas. Y el Gobierno de Rajoy lo aceptó.
El ‘rescate’ podría cerrarse con éxito antes de fin de año, según se explica desde Bruselas y pretende Madrid. Pero de nuevo, como demuestran las manifestaciones que en estos días se suceden junto a la Audiencia Nacional, puede quedar en el aire un fleco. De suma importancia.
El que suponen los colectivos de jubilados, víctimas de una estafa, quizá legal, que se hubiera evitado simplemente con una legislación adecuada, como la que ahora se impulsa, que hubiera puestos límites a la colocación de productos financieros complejos entre clientes minoristas.
Minoristas que confiaron en los directores de sucursales de las cajas para entregarles sus ahorros, con la particularidad de que la mayor parte de los bancarios no sabían exactamente lo que estaban vendiendo.
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