Los afectados por las participaciones preferentes de Caja España-Duero preparan más de 6.000 demandas civiles que se presentarán en los primeros días de septiembre, una vez que se vuelvan a abrir los juzgados, y la Justicia de Castilla y León ya toma precauciones para que la avalancha no colapse los juzgados.
Según recoge Leonoticias.com, los juzgados de León ya han solicitado al Ministerio de Justicia una ampliación del personal para poder gestionar las denuncias que se esperan. El juez decano de León, Luis Alberto Gómez, ha precisado que el número de trabajadores actual es de aproximadamente una docena, y que la cifra ampliar podría suponer “una tercera parte”. Es decir, al menos otros cuatro funcionarios más para poder atender las demandas.
Durante las próximas semanas, representantes de la plataforma de afectados en León mantendrán encuentros con el juez decano para acordar la forma de proceder sin colapsar los juzgados. La forma de presentar las demandas podría realizarse de forma periódica “un día a la semana o cada quince días”.
Los afectados ya presentaron en los primeros días de julio 1.700 demandas, a las que se sumaron también las de los despachos profesionales que no están integrados en las plataformas, pero a los que acudieron algunos clientes para formalizar sus reclamaciones judiciales.
En total, se calcula que se presentarán en la provincia de León un total de 12.000 demandas reclamando la devolución de la totalidad del dinero invertido en participaciones preferentes y deuda subordinada.
Las plataformas de afectados han dado la espalda a la oferta de Unicaja y apuestan por la vía judicial como modo más seguro para recuperar los ahorros. Tal y como ya recogió EL BOLETÍN, según el presidente de la Plataforma de Afectados por Preferentes y Subordinadas de Salamanca, Luis Arranz Miguel, “en obligaciones de deuda subordinada se han ganado el 100% de los casos y en preferentes cerca del 90%”.
