El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha cargado contra la reforma energética aprobada por el Gobierno hace pocos días y ha calculado que tendrá un impacto en sus cuentas de 260 millones de euros entre este año y el que viene. A su juicio, la nueva reforma obliga a un reparto “no equitativo” de medidas para reducir el déficit de tarifa.
Durante la presentación de resultados a los analistas, el consejero y director general José Luis San Pedro, denunció que la reforma se ha elaborado sin la “necesaria colaboración” de los expertos del sector, informa Servimedia. Por eso, Iberdrola presentará todo tipo de alegaciones y recomendaciones con la esperanza de “mejorar aquellas cosas que consideramos que no son totalmente eficientes”.
Además, Galán aclaró que la compañía tiene el “objetivo claro de defender a los accionisras” y en este sentido recurrirá a los medios jurídicos disponibles para garantizar una “justicia retributiva”. En su intervención, el presidente de la eléctrica reiteró sus críticas al elevado pago que se realiza a energías renovables “inmaduras” como la solar y remarcó que el “principal causante del déficit es el crecimiento exponencial de primas a tecnologías inmaduras que sólo aportan el 4% de la energía y encarecen en 30% el coste de producción del sistema”.
Por su parte, el director general afirmó que los dos aspectos más “negativos” de la norma son la limitación del 50% de la transferencia de costes regulados de los sistemas extrapeninsulares a los Presupuestos Generales del Estado (900 millones de euros) y la falta de una guía de una política energética. En este sentido, San Pedro dijo tajantemente que el responsable “fundamental” de este déficit es el Gobierno, y, sin embargo, su aportación es “muy inferior” a las consecuencias derivadas de la “mala política del pasado”.
En esta línea, San Pedro señaló que el Gobierno busca que “no se invierta en los próximos seis años” porque “no se encuentra razones” para que se aplique en España la “mínima remuneración” a los capitales empleados. No obstante, advirtió que “paralizar la actividad de distribución durante tanto tiempo puede tener consecuencias nefastas en el país, que requerirá mucho tiempo para que de nuevo puedan normalizarse”, lo cual también va a “incidir negativamente en los fabricantes españoles de equipos y servicios”.
