El lunes día 15 finaliza el período para que los afectados por las preferentes y la deuda subordinada de Bankia soliciten el arbitraje, después de que hoy mismo se acabe el plazo para los clientes atrapados en títulos de CatalunyaCaixa y a finales de junio ocurriese lo mismo con los de Novagalicia. El fin de este proceso anticipa una avalancha de demandas en los juzgados, que ya han comenzado a tomas precauciones ante esta posibilidad.
Según publica hoy Levante-emv.com, el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, estudia la posibilidad de pedir “apoyos” ante el previsible “aluvión” de demandas que podrían registrar los juzgados de Primera Instancia por las participaciones preferentes entre julio y septiembre. Viguer ha apuntado que está analizando la posibilidad de especializar un juzgado en este tipo de asuntos.
El decano ha precisado que hace unas semanas se creó una clase de reparto específica para los pleitos por este tipo de productos, con el objetivo de dimensionar el problema, y los datos apuntan a que llegará un “aluvión” de demandas.
Algo similar ocurrió en Galicia según se acercó el final de los arbitrajes en la región, el pasado 17 de junio. Sólo dos días antes, y ante el previsible “aluvión” de demandas, la Xunta de Galicia y el Consejo General del Poder Judicial presentaban un plan para favorecer “una tramitación ágil y ordenada” de todos estos casos.
Entre las actuaciones acordadas, la apertura de un juzgado bis (o de apoyo) en Vigo, dotado con un juez, un secretario judicial y al menos cuatro funcionarios, para quitar carga de trabajo a los jueces que ya resuelven estas demandas. En A Coruña se adoptaron las mismas medidas de refuerzo. En estas dos ciudades se concentran la mayor parte de afectados, por lo que se hizo un refuerzo especial, aunque el plan también contemplaba posibles medidas de refuerzo en otras localidades de la región.
Fuera de lo que son las entidades bajo control del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB), el Gobierno de Cantabria y el Consejo General del Poder Judicial se han visto obligados también a diseñar un plan que favorezca una tramitación más ágil de las demandas presentadas contra Liberbank por el canje de preferentes por acciones.
Al igual que en Galicia, este plan consiste en la apertura de un ‘juzgado bis’ o de refuerzo, adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 7, dotado con una jueza, un secretario judicial y al menos cuatro funcionarios, que quitarán carga de trabajo a los jueces que resuelven estas demandas.
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