El expresidente de CatalunyaCaixa Adolf Todó y el exconsejero delegado Jaume Masana han contratado al despacho de abogados Roca Junyent para que les preste el asesoramiento jurídico necesario para lograr que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) les pague la indemnización y las pensiones que les corresponde.
Así lo publica hoy Expansión en su edición de pago, en una información en la que señala que la intención de Todó es abrir un proceso de negociación con el FROB con el objetivo de alcanzar un acuerdo por la vía extrajudicial. Sin embargo, los exdirectivos del banco nacionalizado no descartan presentar una demanda por incumplimiento de contrato si al final no fructifica la vía del diálogo.
Al frente del bufete Roca Junyent está Miquel Roca Junyent, abogado contratado por la Casa Real para representar a la infanta Cristina en el ‘caso Nóos’. Este veterano letrado ha tenido también una intensa carrera política ligada a Convergència Democràtica de Catalunya y está considerado uno de los padres de la Constitución. Miquel Roca Junyent inició además su actividad política en el Front Obrer de Catalunya junto a Pasqual Maragall y Narcís Serra, que también fuera presidente de Catalunya Caixa.
El FROB hizo oficial el cese de Adolf Todó como presidente de CatalunyaCaixa, así como de Jaume Masana como consejero delegado, el 10 de mayo, proponiendo al consejo de administración el nombramiento de José Carlos Pla como nuevo presidente ejecutivo.
El órgano dependiente del Banco de España consideró procedente el despido, por lo que decidió no pagar a Todó los 600.000 euros que le corresponderían en concepto de indemnización, estipulada en dos anualidades de su salario (300.000 euros).
Al mismo tiempo, también se congeló el abono de una pensión de 3,5 millones de euros que Todó había acumulado a lo largo de toda su carrera profesional, tanto en la entidad nacionalizada como en la antigua Caixa Catalunya. También Jaume Masana se quedó sin compensación, que en su caso podría ascender a 1,5 millones de euros.
CatalunyaCaixa está controlada por el FROB tras haber recibido ayudas públicas de unos 12.000 millones de euros. La intención del Gobierno es vender la entidad cuanto antes, aunque antes deberá acometer previsiblemente el plan de reestructuración aprobado por Bruselas, que podría costar el puesto de trabajo de unos 2.600 empleados del banco.
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