El interés de AT&T por Telefónica ha puesto de manifiesto lo vulnerables que son las empresas españolas ante las OPA de empresas extranjeras, como consecuencia de los bajos precios a los que cotizan en Bolsa. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido darle una vuelta de tuerca a los blindajes en las compañías energéticas.
El Ejecutivo ha introducido en la Ley 3/2013 de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicada recientemente en el BOE, una serie de mecanismos para intervenir y condicionar posibles asaltos societarios. La nueva ley establece una variación sustancial, porque incluye bajo esta protección a aquellas sociedades que “desarrollen actividades en el sector de hidrocarburos, tales como refino de petróleo, transporte por oleoductos y almacenamiento de productos petrolíferos”.
Esta disposición, que incluye bajo esta protección a las eléctricas, gasistas y petroleras, concede la capacidad de intervenir sobre estas operaciones al Gobierno, a través del Ministerio de Industria, y no del regulador, como sucedía antes.
Según adelantaba esta mañana El Mundo, se trataría de un reciclaje de la antigua ‘Función 14’ de la Comisión Nacional de la Energía, que otorgaba al regulador la capacidad para vetar operaciones empresariales sobre compañías que realizasen actividades reguladas.
La nueva regulación implica, añade el diario de Unidad Editorial, la supresión del poder de veto contemplado en la antigua Función 14, considerada ilegal por la Comisión Europea. La nueva disposición otorga al Gobierno el derecho de “conocer” estas operaciones y si se considerase que “existe una amenaza real y suficientemente grave para la garantía de suministro de electricidad, gas e hidrocarburos», puede establecer “condiciones relativas al ejercicio de la actividad de las sociedades”. La capacidad de intervención se limita a operaciones realizadas por empresas que se hallen fuera de la UE.
Según figura en el BOE, los riesgos a los que se refiere el Gobierno son «la seguridad y calidad del suministro entendidas como la disponibilidad física ininterrumpida de los productos o servicios en el mercado a precios razonables en el corto o largo plazo para todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica».
También, «la seguridad frente al riesgo de una inversión o de un mantenimiento insuficientes en infraestructuras que no permitan asegurar, de forma continuada, un conjunto mínimo de servicios exigibles para la garantía de suministro. A estos efectos, se tendrá en cuenta el nivel de endeudamiento para garantizar las inversiones, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos al respecto».
