El expediente de regulación de empleo (ERE) de Caja España-Duero ha desatado una fuerte polémica entre UGT y CSICA, los sindicatos mayoritarios y firmantes del acuerdo, y CCOO, que lo ha rechazado frontalmente. Sin embargo, el proceso sigue ajeno a polémicas, hasta el punto de que casi 1.100 empleados de la entidad han presentado su adhesión voluntaria, frente a las 1.230 bajas contempladas en total.
El pasado martes a las 12 de la noche terminó el plazo fijado durante el acuerdo para adherirse al mismo, si bien, según señala el Diario de León, los trabajadores que desarrollan su actividad en la zona de expansión de Caja España-Duero tienen todavía hasta el día 8 de junio para acogerse al sistema de bajas incentivadas, después de que se les comunicara oficialmente que todas las oficinas fuera de la zona histórica desaparecerán
Las adhesiones voluntarias no implican que la entidad castellana acometa el recorte de de empleos, ya que la dirección puede rechazar hasta un 5% de las solicitudes presentadas, según los términos del acuerdo. De todos modos, Caja España-Duero esperará a tener sobre la mesa todas las solicitudes para acometer el recorte.
Las prejubilaciones han sido las que más éxito han tenido entre la plantilla. En total, 595 empleados podían acogerse a esta medida, quedando sólo 30 vacantes por cubrir. Tal y como ya publicó EL BOLETÍN, el coste de las prejubilaciones supone unos 150 millones de euros para la entidad, cuando el límite impuesto por Bruselas para acometer el recorte era de 95 millones.
Este desfase se traduce en que los trabajadores que permanezcan en la entidad deberán asumir recortes salariales en los próximos tres años de cifras superiores a los 40 millones de euros, que se suman a los recortes de sueldos asumidos con carácter estructural y que en algunos casos pueden superar el 20%. En el horizonte, además, la incertidumbre sobre la fusión con Unicaja, que podría conllevar a medio plazo nuevos recortes de la plantilla.
La dirección de Caja España-Duero acordó a principios de mes con UGT y CSICA, que ostentan el 71% de la representación sindical, un ERE que supondrá finalmente la salida de 1.230 empleados, frente a los 1.502 planteados inicialmente. CCOO y UEA no firmaron este acuerdo. De la cifra final, casi la mitad pueden acogerse a prejubilaciones y el resto a bajas incentivadas que contemplan indemnizaciones de 30 días por año con un tope de 22 mensualidades, más una prima de 700 euros por año trabajado y 20.000 euros de compensación. También se contemplan suspensiones de contratos por dos años.
