El lío del negocio de bancaseguros pasa una factura de 1.000 millones a las cajas rescatadas

El proceso de reestructuración del sector financiero ha provocado que una misma entidad tenga varios acuerdos en bancaseguros firmados con diferentes aseguradoras, un embrollo que poco a poco se va solucionando, no sin pasar una factura adicional a los grupos de las antiguas cajas. Sólo juntando las nacionalizadas Bankia y Novagalicia, la cifra podría superar los 1.000 millones de euros.

Esta misma semana se ha conocido que Aviva reclama a Novagalicia 430 millones de euros por romper unilateralmente el acuerdo suscrito en 2001 con Caixa Galicia para vender seguros y planes de pensiones en sus sucursales bancarias. De esa cifra, 56 millones los solicita la aseguradora como indemnización.

Aviva y Caixa Galicia suscribieron una alianza en julio de 2001 para el desarrollo, comercialización y distribución bancaria de seguros personales y planes de pensiones a través de la red de oficinas. La operación se materializó a través de la adquisición por Aviva del 50% del capital de la sociedad CXG Aviva por 150 millones de euros. Casi una década después, Caixa Galicia se fusionó con Caixanova, que tenía firmado un acuerdo similar con Caser.

La cohabitación pronto se hizo imposible, más si cabe tras la nacionalización de Novagalicia, el banco al que ambas cajas transfirieron sus negocios financieros. Tras el divorcio, Aviva solicitó un arbitraje ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid argumentando el incumplimiento grave de los acuerdos.

Los antecedentes juegan a favor de Aviva, que ya vivió un caso similar con Bankia, que finalmente acordó pagar 608 millones de euros para hacerse con el 50% de Aseval. El enfrentamiento en este caso tuvo su origen en el hecho de que Aviva mantenía un acuerdo con Bancaja para vender sus seguros en su red a través de Aseval, una empresa conjunta en la que ambas tenían un 50%.

Sin embargo, el acuerdo se rompió cuando la entidad valenciana se integró en Bankia, lo que llevó a la aseguradora a reclamar a la entidad financiera. Eso sí, el acuerdo al que se llegó fue muy inferior al que pretendía inicialmente Aviva, que llegó a solicitar una indemnización de hasta 944 millones de euros.

La única que no ha tenido que solventar demasiados problemas en este sentido es CatalunyaCaixa, que en 2010 llegó a un acuerdo con Mapfre por el que el grupo asegurador adquiría el 50% de las divisiones aseguradoras de los ramos de vida y pensiones y seguros generales de cada una de las entidades financieras fundadoras (Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona).

Sin embargo, el lío no es sólo problema de las entidades nacionalizadas. El continuo baile de fusiones acometido durante los últimos tres años ha creado un entramado que deberá aclararse en los próximos meses. Un ejemplo es el de la fusión de Unicaja con Caja España-Duero, que podría cerrarse de manera inminente. Si el proceso llega a buen puerto finalmente, en el grupo resultante confluirán varias alianzas de bancaseguros en vida: Unicaja y Caja España tienen firmados respectivos acuerdos con Aviva, la pequeña Caja Jaén con Caser, y Caja Duero con Mapfre.

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