Ya van tres. Canarias ha sido la última región en lanzar un desafío público al Gobierno de Mariano Rajoy por su inactividad en materia de políticas antidesahucios, pero antes fueron Andalucía y Cataluña. Las comunidades autónomas se lanzan a legislar mientras la reforma de la ley hipotecaria no llega y el Ejecutivo se limita a decir que estos movimientos no son más que “brindis al sol”.
El presidente canario, Paulino Rivero, ha anunciado este jueves que expropiará casas y otras propiedades a bancos y otras empresas sin ocupar por tres años. Una medida de urgencia, ha defendido el mandatario para intentar atajar los 9.400 expedientes de ejecución hipotecaria que ya están en marcha en el archipiélago y que busca trasladar la normativa recientemente aprobada en Andalucía por considerar que goza de fundamentos “solventes y constitucionales y dan respuesta a un problema social que está afectando a miles de familias”.
Las expropiaciones que el Gobierno canario plantea se llevarían a cabo a un justiprecio determinado por el juez a satisfacer por la familia que pasara a ocupar la vivienda hasta un 25% de su renta y aportación de fondos públicos procedentes de “sanciones a aquellas empresas cuyas viviendas vacías no hayan sido declaradas en régimen de alquiler”, explicó Rivero. Unas posiciones que siguen prácticamente a pies juntillas el proyecto andaluz que tanto revuelo ha provocado en Génova.
Por su parte, Cataluña está decidida a implantar un nuevo impuesto que penalice a aquellos bancos e inmobiliarias con pisos sin ocupar en su cartera de ladrillo. Una ardua tarea que, en principio no pasaría por expropiaciones, pues se estima que en la región existen hoy por hoy unas 450.000 casas vacías. En este caso, sin embargo, parece que el órdago va más allá de las políticas sociales del PP, pues podría ser uno de los ‘peajes’ impuestos por ERC para apoyar la renovación de Artur Mas al frente de la Generalitat.
Mientras tanto, Andalucía sigue avanzando en sus “brindis al sol” y ya ha dado un paso más. No se trata de una propuesta cerrada, pero desde Sevilla se ha lanzado la idea de elevar el mínimo inembargable a los deudores, especialmente en lo que se refiere a personas físicas, autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes). Una iniciativa que, según el presidente José Antonio Griñán, busca “garantizar una renta vital digna” frente a la indiferencia que denuncia una y otra vez se vive en los despachos de La Moncloa.
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