El Banco de España autorizó al entonces presidente de Bankia, Rodrigo Rato, a recomprar participaciones preferentes al 100% de su valor nominal, cuando dos expertos independientes las habían valorado en el 21%, según publica hoy Infolibre.es, que cita un informe del propio supervisor bancario.
El diario separa que este sobreprecio del 79% supuso un perjuicio mínimo 900 millones de euros, que aumentó el agujero de Bankia, rescatado finalmente con una inyección de casi 18.000 millones de euros.
Este informe del Banco de España reconocería que la recompra al 100% de su valor tenía como finalidad evitar las posibles reclamaciones de clientes minoristas al suscribir sus títulos “por mala información”. “En la medida en que hubieran sido comercializadas como si fueran depósitos y eso se demostrara judicialmente, habría que tratarlos como tal, por lo que tendría sentido recomprarlos al valor nominal aunque su valor razonable fuera muy inferior”, señala.
El regulador destaca asimismo que, al mismo tiempo, “se ofrece una buena imagen al mercado y a los clientes del grupo cotizado, mejorando el riesgo reputacional”. Este documento del Banco de España, que está incluido en el sumario del caso Bankia, ha servido de base para que UPyD se querelle contra el anterior gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. La formación política también ha incluido en su querella al entonces presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura.
Una investigación interna de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el periodo 2010-2011, conocida la semana pasada, revela que Caja Madrid, Bancaja y Bankia no sólo cometieron irregularidades con la venta de las participaciones preferentes a clientes sin conocimientos financieros, sino que también se habrían saltado la normativa vigente en su negociación diaria al inflar el precio de los títulos.
En concreto, el regulador acusa a las entidades de, una vez que ya estaba prohibido vender preferentes lejos de su valor razonable, haber cerrado operaciones con sobreprecio para que algunos clientes evitasen la crisis de las preferentes, en perjuicio de otros, evitando de este modo “posibles reclamaciones y denuncias por parte de clientes vendedores […], el consiguiente perjuicio reputacional e incluso la potencial pérdida de clientes”. La CNMV dice que hubo ventas de preferentes con sobreprecios que iban del 25% al 98%.
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