La iniciativa legislativa popular (ILP) para implementar la dación en pago retroactiva y paralizar las ejecuciones hipotecarias, que recibió ayer el apoyo para ser tramitada en el Congreso de todos los grupos parlamentarios, ha provocado ya las primeras reacciones. Los analistas de Ahorro Corporación, la gestora controlada por las cajas de ahorros, ha avisado de que esta medida, de aprobarse, “podría incrementar el impago para los segmentos que ya se encontraban en un situación límite”.
Ahorro Corporación recuerda que el pasado mes de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para la protección de deudores hipotecarios en el que se incluían la paralización de la fase final del desahucio cuando se esté en situación de vulnerabilidad (por nivel de renta, familia numerosa, personas mayores a cargo, violencia de género, etc.) y la creación de un parque de viviendas destinadas al alquiler a precios bajos para personas que han perdido su vivienda.
“Aunque la medida no debería afectar al reconocimiento de mora por parte de las entidades financieras ya que la protección (moratoria de dos años) sólo afecta a la fase última del proceso legal (el lanzamiento forzoso) pero no a la ejecución, sí creemos que podría incrementar el impago para los segmentos que ya se encontraran en un situación límite”, señalan los expertos de Ahorro Corporación.
Si se aceptara la dación en pago retroactiva “entendemos que”, según el escenario adverso de Oliver Wyman para el segmento minorista con garantía real, “las entidades más castigadas serían Sabadell y Popular con un 5,5% y un 5,4% respectivamente y la menos Bankinter (2,1%)”, señala el broker. Las últimas cifras de morosidad hipotecaria mostraban una tasa del 3,4% en el tercer trimestre de 2012, frente al 3,0% del segundo trimestre del pasado ejercicio.
La ILP sobre la dación en pago y paralizar los embargos fue promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), sindicatos, organizaciones vecinales y ONGs, y contó con el respaldo de 1.402.854 firmas. La propuesta el apoyo para ser tramitada en el Congreso de todos los grupos parlamentarios incluido el PP, que en el último momento cambió el sentido de su voto. Ahora, deberá ser tramitada por la Cámara Baja.
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