Convulsión en la política asturiana después de que Santiago Martínez Argüelles, secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, haya hecho pública su renuncia al cargo de consejero de Liberbank. La causa, la negativa del banco, que recibirá 124 millones de euros de ayudas públicas, de renovar un crédito a la sociedad ‘Gijón al Norte’.
La pérdida de este crédito, que ascendía a 36 millones de euros y estaba sindicado entre varias entidades, pone en grave riesgo de disolución a la sociedad que lidera la mayor operación urbanística y ferroviaria que tiene en marcha la ciudad a través del “plan de vías”, según publica La Nueva España.
“Ante una situación donde aflora un conflicto de intereses evidente me pongo del lado del interés de Gijón”, señaló Argüelles, si bien su marcha ha levantado las críticas de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro) que criticó que el hasta ahora vicepresidente de Liberbank “no haya hecho el menor gesto por impedir las decisiones negativas tomadas estos meses por Cajastur y Liberbank con respecto a Gijón”.
En opinión de la alcaldesa, “la decisión de Liberbank deja el proyecto más importante de esta ciudad de los últimos decenios al borde del mayor de los fracasos y a Gijón al Norte al borde de la disolución, de la que sólo se puede librar con una inmediata rectificación de la entidad”.
“No es de recibo que una banca nacida por iniciativa del Ayuntamiento de Gijón y la Diputación Provincial tome una decisión tan negativa para una entidad fundadora. No nos van a hacer callar y les recordaremos, a todos y día tras día, que tienen una deuda con Gijón”, sentenció Moriyón.
La decisión de Liberbank de no renovar el crédito se conoce poco después de que Bruselas aprobase un rescate de 124 millones de euros al banco, que se instrumentará a través de bonos contingentes convertibles (CoCos).
A cambio de esta ayuda, y según señaló la Comisión Europea, el banco deberá reducir su balance y reorientar su modelo empresarial para centrarlo en el negocio minorista y la concesión de préstamos a las pymes en las regiones en las que habían operado tradicionalmente. Dejarán de prestar dinero a proyectos inmobiliarios, o mantendrán una actividad marginal en este ámbito, y limitarán su presencia en el negocio de banca mayorista.
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