Es por el momento una opción remota, pero tal y como ha sabido EL BOLETÍN, entre los trabajadores de Caja España-Duero corre como la pólvora el rumor de que la entidad castellana podría llegar a un nuevo acuerdo con Unicaja, que evitaría que se lleve a cabo el despido de 1.500 empleados puesto sobre la mesa.
La semana pasada, tras la reunión de sus respectivos consejos de administración, Unicaja y Caja España-Duero mostraron su confianza en “finalizar, en breve plazo, la articulación de un proyecto de integración adaptado a las nuevas exigencias, y que cumpla los requisitos necesarios para su aprobación” y en ese proyecto han puesto su confianza los trabajadores de la entidad castellana, que consideran que la fusión produciría un recorte menos drástico del empleo.
Las entidades se han visto obligadas a abrir un nuevo proceso, después de que el acuerdo anterior, aplazado durante más de un año, haya quedado “sin efecto” tras aprobar Bruselas el rescate de Ceiss, el banco de la caja castellana, por valor de 604 millones de euros.
A cambio de esta ayuda, la Comisión Europea exigirá una reducción del balance de la entidad del 30%, así como el cierre de 260 oficinas y el recorte de 1.500 empleos en un plazo de dos años. El rescate se concretará en unos dos meses, cuando haya finalizado la ‘due dilligence’ a la que se someterá la entidad para determinar la participación del FROB en su capital. Pasado ese plazo, Unicaja deberá pujar por Caja España-Duero con otros posibles compradores si sigue interesada en hacerse con la entidad.
En su momento, la fusión de Caja España y Caja Duero, que recibió hace dos años 525 millones a través de un préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya vino acompañada de un expediente de regulación de empleo (ERE) de 846 trabajadores. Actualmente, la plantilla está conformada por unos 5.000 empleados.
Por lo pronto, las organizaciones sindicales que suponen el 100% de la representación laboral en Ceiss ya han expresado su “rechazo frontal” a los 1.500 despidos planteados por la dirección, a la que acusa de una “desastrosa gestión” tras el rescate de 604 millones de euros recibidos por la entidad de los fondos de la Unión Europea.
