El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado hoy que el Gobierno articulará un procedimiento de arbitraje para los tenedores de productos híbridos de Bankia, entre ellos las preferentes, al estilo de los que han llevado a cabo otras entidades como Novagalicia.
En la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, Guindos ha explicado que esta vía solo servirá para los “casos más flagrantes” y cuando se demuestre que hubo “mala praxis”, es decir, que el comprador no estaba en condiciones de entender el producto.
El arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria, por lo que se espera que de este modo se agilice lo máximo posible el encuentro de soluciones para los clientes. En concreto, desde que comienza el proceso hasta que el afectado tenga una resolución pasará entre un mes y medio y dos meses.
El primer paso que deben tomar los clientes es acudir a la oficina de consumo que tengan en su localidad, o, en su defecto, al propio ayuntamiento, para presentar la solicitud y entrar en el proceso de arbitraje, que en ningún caso supondrá un coste para los afectados. El Gobierno tendría que designar unos árbitros que concluyan si existió estafa o no.
Bankia tiene todavía unos 3.200 millones de euros en preferentes. El grueso de las preferentes en circulación corresponde a la emisión que en mayo de 2009 realizó Caja Madrid. La entidad, entonces presidida por Miguel Blesa, lanzó una emisión de 1.500 millones de euros en preferentes, pero decidió ampliarla hasta 3.000 millones dada la alta demanda recibida. Estos títulos debían pagar un cupón del 7% durante los primeros cinco años, plazo a partir del cual la remuneración pasaría a ser de Euríbor más el 4,75%.
