El estupor contra las agencias de rating alcanza ya el ámbito académico. Un informe publicado por la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad a Distancia de Madrid (Udima) carga sin piedad contra ellas y las acusa de generar “profecías autocumplidas”. Uno de sus autores, el profesor Juan Pazos, ha afirmado en la presentación de la obra que “son como el timo de la estampita pero de forma más sinvergüenza”.
Otras de las perlas contra las agencias de calificación crediticia que ‘adornan’ la obra son que tienen tendencia al “catastrofismo” y a “omitir responsabilidades” cuando defienden a coro que sus informes “no deben sustituir al análisis del inversor”. Éstos son solo dos de los frutos del oligopolio en que se ha constituido un sector que “impide la entrada de nuevas agencias”, afirma el informe titulado “Las hijas de Elena: la triple A” que estudia a fondo los últimos movimientos de las tres grandes casas de ‘rating’ internacional: Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch.
Movimientos que en la obra son tachados de opiniones “disfrazadas con ropajes y pseudoavales científicos que luego tienen un peso decisivo a la hora de facilitar o dificultar que las empresas, instituciones y organismos puedan financiarse en los mercados de capitales”. Con un gran peso, además, porque “solo el 4% del mercado de calificaciones está en manos de otras agencias”.
En este sentido, el profesor Juan Alfonso Lara, de la Udima, ha apuntado que en la presentación del informe que “el oligopolio” que forman las tres grandes queda en cierto modo asegurado por las personas “tan poderosas e influyentes que están detrás de ellas”, siempre según declaraciones del acto recogidas por Europa Press. Así, tras Moody’s está el magnate Warren Buffet como accionista y Bill Gates es miembro de su consejo de administración. S&P cuenta con el respaldo de McGraw-Hill, que recientemente ha puesto a la venta su división de libros de texto. Por último, Fitch Ratings es propiedad al 60% del “dueño de marcas tan importantes como Renault y L’Oréal”.
Ante estas ‘evidencias’ presentadas por el estudio, sus autores proponen la creación de un organismo que se encargue de evaluar y supervisar la actividad de las agencias de ‘rating’ a escala internacional para “garantizar que el inversor recibe la mejor información posible”. Al responder a esta “necesidad”, dicen, se garantizaría una mayor transparencia en el proceso evaluador y un acceso más “igualitario” a la información destinada a inversores.
