Tras meses de debates, de filtraciones, de presiones y enfrentamientos entre el Ministerio de Industria y el de Hacienda, el Gobierno aprobó en septiembre un proyecto de ley que se quedó muy lejos de representar una verdadera reforma energética porque consistía básicamente en media docena de nuevos impuestos para el sector. El Ejecutivo consiguió algo inédito: poner de acuerdo a todos los actores de esta industria. Todos la rechazaron. Sin excepción. Ahora, dos meses después, el Gobierno asume que las medidas no servirán para atajar el problema: el déficit de tarifa.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, admitió recientemente que las medidas que adoptó el Ejecutivo para taponar el déficit de tarifa (el desfase entre los ingresos y los costes reconocidos del sistema eléctrico) no van a bastar para que ese agujero sea inferior a los 1.500 millones de euros que marca la ley para el conjunto de 2012.
En agosto (último dato disponible), el déficit de tarifa se redujo por primera vez en lo que va a de año, tras la aplicación de un remanente de 600 millones de euros del presupuesto del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, pero a pesar de ello, ya duplicó con creces el tope legal para todo el año, al situarse en 3.611 millones de euros.
Y todo parece indicar que seguirá aumentando. Las tecnologías del régimen especial de generación eléctrica (en el que se incluyen las energías renovables) cobraron de enero a septiembre 6.882 millones de euros, cifra que supera lo que han recibido estas fuentes en cualquier año completo hasta la fecha. Si en todo el ejercicio 2011, el sistema eléctrico destinó a retribuirlas 6.856 millones, para este año, las estimaciones de las eléctricas (que han pedido cortar estos “subsidios” por su efecto en el déficit tarifario) cifran la factura entre 8.000 y 8.500 millones de euros. El repunte se explica por la creciente aportación de estas tecnologías (en septiembre, cubrieron el 30% de la demanda) y por el incremento de la capacidad instalada.
Mientras tanto, el traslado de una parte de las primeras a los Presupuestos Generales del Estado se ha bloqueado por el momento. El PP ha enterrado su propuesta inicial de que el 38,3% del total anual de estas ayudas se sufragara vía presupuestos y no por la tarifa eléctrica (como se ha hecho siempre).
En este escenario, José Manuel Soria ha asegurado que trabaja en una «reordenación» del sector eléctrico para que el precio que pagan los usuarios refleje sólo el coste de la «generación, la distribución y el transporte» de la electricidad y «no otros costes». El Ministro de Industria afirma que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno en materia energética han ido encaminadas únicamente a «taponar» la hemorragia del déficit de tarifa y no a reformar el sector. Aunque funcionaran estas medidas la cosa va para largo.
«¿Saben cuánto tiempo van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos los excesos de las primas y el déficit de tarifa? Veinte o treinta años». Así se pronunció hace unos días el secretario de Estado de Energía al hablar del coste que tendrá para la sociedad española sacudirse la deuda del sistema eléctrico que asciende a 24.000 millones de euros.