El Gobierno ha decidido ‘exprimir’ hasta la última gota de Loterías y Apuestas del Estado antes de que se decida finalmente la privatización de la compañía. La participación en la financiación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el nuevo impuesto sobre premios superiores a los 2.500 euros son los últimos ejemplos.
La privatización de Loterías y Apuestas del Estado, que ya en su día planteó la Administración de Zapatero sigue en la mesa del actual Gobierno aunque no existe ningún plazo concreto en un momento en que la desconfianza sigue reinando en los mercados.
A la espera de que los mercados permitan realizar esta operación, que podría aportar a las arcas hasta 30.000 millones de euros, el Gobierno ha decidido hacer uso de los recursos de la compañía estatal. Un ejemplo, es su participación el fondo de rescate autonómico.
El FLA cuenta con 6.000 millones de euros aportados por Loterías y Apuestas del Estado, otros 4.000 millones que pone el Tesoro directamente de caja y 8.000 millones de euros que provendrán de la compra de bonos del Tesoro por parte de los bancos.
Hasta el momento cinco autonomías han solicitado en conjunto 14.900 millones de euros de este fondo. La petición más alta, los 5.023 millones solicitados por Cataluña, seguida de los 4.906 millones de Andalucía y los 3.500 millones de la Comunidad Valenciana. Murcia ha solicitado 641 millones y Castilla La Mancha 841 millones.
Por otro lado, el pasado viernes, el consejo de ministros anunció que los premios superiores a 2.500 euros correspondientes a los sorteos y apuestas en las loterías estarán sometidos a un nuevo gravamen del 20% a partir del 1 de enero de 2013, con el que se pretende ingresar 824 millones de euros.
El gravamen se aplicará a las loterías del Estado, Comunidades autónomas, Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), y entidades análogas de carácter europeo, que hasta ahora estaban exentos.
El impuesto especial se devengará en el momento de la obtención del premio, debiendo practicarse una retención o ingreso a cuenta que tendrá carácter liberatorio de la obligación de presentar una autoliquidación por el mismo. Si el premio fuera de titularidad compartida, la base imponible se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda. El gravamen también se aplicará a los premios en especie.
