El Gobierno de Italia ha aprobado esta madrugada un recorte en el gasto público de 4.500 millones de euros que afecta a la sanidad y la administración pública y con el que pretende evitar la subida del IVA que exige Bruselas. La Bolsa italiana ha reaccionado con leves descensos del 0,5%, en línea con el resto de parqués europeos (salvo el español, cuyas caídas superan el 1%).
Según el comunicado del Gobierno, la reducción afectará a la sanidad pero, sobre todo, a la administración pública, ya que prevé la reducción del número de provincias desde 50 a 110, del número de empleados públicos en un 10 por ciento y del número de gestores públicos del 20 por ciento.
La reducción de empleados públicos se llevará a cabo, principalmente, congelando las contrataciones y con planes de jubilaciones anticipadas. Además, algunos trabajadores serán enviados a sus casas con el 80 por ciento del salario, en lugar de ser despedidos o jubilados. Los niveles de dotación de empleo público serán revisados en el mes de octubre.
«Los recortes no afectarán de ninguna manera a la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, sino que contribuirán a mejorar su calidad y eficiencia», ha dicho el primer ministro, Mario Monti, a la prensa.
