La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 exmiembros del consejo de administración de Bankia, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y les ha citado a declarar como imputados.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, también interrogará como imputados al expresidente de Bancaja, José Luis Olivas, y al exministro del Interior, Ángel Acebes, que también formó parte del máximo órgano de control de la entidad.
También declararán el resto de miembros y muchos de ellos, a su vez, se sientan en los consejos de administración de muchas compañías de la Bolsa española, que son participadas de Bankia, como NH Hoteles, IAG, Iberdrola o Mapfre.
El juez también ha citado, en este caso como testigos, al exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura; al auditor de Deloitte encargado de Bankia, Francisco Celma, y a un representante legal de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Rato renunció como presidente de Bankia el pasado 7 de mayo, después de haber sido rechazado el plan de recapitalización que había presentado para el banco. Dos días después, la entidad fue nacionalizada. Ahora, el actual equipo gestor de Bankia, encabezado por José Ignacio Goirigolzarri, ha solicitado ayudas públicas cercanas a los 23.500 millones de euros para reflotar el grupo financiero.
La Fiscalía Anticorupción anunció apenas un mes que investigaba posibles delitos societarios en la gestión de la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Según reveló este miércoles el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ordenó mantener las diligencias de investigación en secreto mientras fuera posible “para no incendiar el parqué” con la divulgación de una investigación penal. La presentación de distintas acciones penales por parte de particulares y su admisión a trámite por el Juzgado de Instrucción número 21 es lo que obligó al fiscal a judicializar sus investigaciones.
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