La crisis de la banca española ha puesto en el ojo del huracán a las auditoras que en su día avalaron las fusiones de las cajas de las que surgieron los nuevos bancos. Sin embargo, las auditoras consideran que son los cambios normativos aprobados por los Gobiernos de Zapatero y Rajoy los que finalmente han hecho fracasar operaciones que con un poco de tranquilidad podrían haber salido adelante.
Fuentes del sector que prefieren mantener su anonimato han señalado a EL BOLETÍN que los diferentes cambios normativos llevados a cabo en los últimos años han dificultado a las entidades poder cumplir con los requisitos cada vez más estrictos de solvencia, provocando en algunos casos el fracaso de las fusiones.
Un ejemplo es Novacaixagalicia, fruto de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, que tras sanear 2.000 millones a costa de su capital hace ahora dos años, se encontró a la vuelta de la esquina con un nuevo requisito de core capital, que ya no podía cumplir. La actual Novagalicia se encuentra a día de hoy nacionalizada tras recibir casi 2.500 millones de euros de ayudas y es una incógnita si podrá continuar en solitario o si se integrará, como dicen algunos rumores, dentro de Bankia en un gran banco público.
El gran lunar del sector financiero, Bankia, surgió de la fusión de siete cajas de ahorros, entre ellas Caja Madrid y Bancaja. Apenas seis meses después salió a Bolsa y en los próximos días recibirá hasta 19.000 millones de euros de ayudas públicas.
Reformas financieras:
En junio de 2009, la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, anuncia la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dotado inicialmente con 9.000 millones de euros y cuyo objetivo es ayudar a las entidades en apuros a sanearse. Siete grupos de cajas, creados en la primera ronda de fusiones a través de sistemas institucionales de protección (SIP), solicitaron estas ayudas.
La fusión fría de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco entidades de menor tamaño, lo que posteriormente se conocería como Bankia, se lleva la palma al solicitar 4.465 millones de euros, a devolver a un tipo inicial del 7,75%, creciente año a año.
El siguiente cambio de rumbo llega en febrero de 2011, también aún durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo decide adelantarse a los requisitos de solvencia de Basilea III y aprueba un decreto que eleva hasta el 10% la ratio mínima de core capital para todas las entidades que superan el 20% de su financiación en el mercado y no hayan sacado al menos un 20% de sus títulos entre inversores privados. El mínimo será el 8% para el resto.
Este endurecimiento de los requisitos desemboca en las salidas a Bolsa de Bankia y Banca Cívica (una a punto de ser nacionalizada y la otra absorbida por CaixaBank) y en la nacionalización de Novacaixagalicia, CatalunyaCaixa y Unnim, que reciben en conjunto unos 4.700 millones del FROB, que se convierte en su accionista mayoritario. Además, el Banco de España interviene la CAM y posteriormente Banco de Valencia.
Con la victoria electoral de Mariano Rajoy, llega al Ministerio de Economía Luis De Guindos, que en los seis meses que lleva en el cargo no ha perdido el tiempo, con la aprobación de dos nuevas reformas financieras. La primera de ellas, a principios de año, obligó a las entidades a sanear el riesgo promotor en algo más de 54.000 millones de euros. Es la cifra resultante de elevar hasta el 80%, el porcentaje de crédito de suelo provisionado ante un posible impago, hasta el 65% el de viviendas por terminar y el 35% para las finalizadas.
En mayo, De Guindos dio una nueva vuelta de tuerca y anunció que todos los bancos deberían crear de manera “obligatoria” sociedades de gestión de activos (los populares bancos malos), a las que traspasarán “todos los activos adjudicados con objeto de su venta”. Además, el Gobierno encarga a dos auditoras independientes, Roland Berger y Oliver Wyman, una auditoría de las cuentas de los bancos.
Conjuntamente, el Consejo de Ministros elevó las provisiones sobre los créditos inmobiliarios considerados sanos (al corriente de pago) de una media del 7% al 30%, que supondrán una dotación adicional de 30.000 millones respecto a los 9.000 millones que ya estaban dotados. En concreto, las provisiones para el suelo sano pasarán del 7% al 52%; para las promociones en curso, al 29%; para vivienda terminada, al 14%; y para segundas hipotecas, al 52%.
Las nuevas exigencias pretenden obligar a las entidades a entrar en nuevos procesos de fusión, que contarán con ayudas del FROB a través de bonos convertibles contingentes en los casos en que se necesiten. La excepción a la regla será Bankia, que recibirá hasta 19.000 millones de euros más pero a través de una inyección directa de capital.
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