Los inversores internacionales no se creen las cifras de la banca española, al menos en lo que respecta a su exposición al sector inmobiliario Por ello, han exigido al Gobierno, que hoy mismo aprobará una nueva reforma financiera, una auditoría externa de los activos inmobiliarios en los balances de las entidades, un requisito que también pide el Eurogrupo para flexibilizar el límite del déficit.
En principio, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no era favorable a esta auditoría de expertos independientes, pero todo parece indicar que finalmente podría ceder ante las pensiones del propio Eurogrupo, que lo habría exigido como condición indispensable para que se suavicen los objetivos de déficit para 2012.
El Consejo de Ministros dará hoy una nueva vuelta de tuerca a la reforma financiera con la aprobación de nuevas exigencias de provisiones sobre los activos inmobiliarios sanos (en corriente de pago). En concreto, la cobertura pasará del actual 7% hasta el 30%, dependiendo de si los activos son vivienda terminada o suelo.
Aquellas entidades que no puedan realizar por si solas estos saneamientos, que se suman a los 53.000 millones de euros saneados ya, recibirán ayudas públicas y deberán separar de forma obligada sus activos inmobiliarios en un banco malo. En estos casos, será obligatoria una valoración de expertos independientes internacionales, que podrían ser Blackrock y Mercer Oliver Wyman, según publica la agencia Reuters.
Se da por hecho que la nueva regulación afectará además a algunas entidades de tamaño mediano como BMN, Liberbank y Unicaja, que en la actualidad están sondeando diferentes alternativas de integración debido a su escasa capacidad para afrontar las nuevas exigencias de provisiones en solitario.
Los expertos de Banco Espirito Santo consideran, en declaraciones a Reuters, que los bancos españoles deberán hacer costosas ampliaciones de capital, de las que sólo podrían salvarse los dos grandes nombres del sector, Banco Santander y BBVA. Pero como la situación del mercado es muy complicada, deberán recurrir al dinero público de forma obligatoria.
De hecho, algunos analistas internacionales cifran entre 100.000 y hasta 250.000 millones de euros las necesidades de capital de los bancos españoles para poder digerir el ladrillo en sus balances. Estas cifras están muy por encima de la capacidad del Gobierno para salir al rescate del sector, por lo que se necesitaría un rescate externo con fondos europeos o del FMI.
No es la primera vez que los inversores internacionales ponen en duda la valoración de los activos de la banca española. Así lo dejaron caer al menos los expertos de Barclays en una nota enviada por correo electrónico tras haber asistido a mediados de abril a un encuentro con el director de regulación del Banco de España. En la nota se señalaba que “una opción a considerar” para recuperar la confianza “es que los bancos proporcionen información por separado” sobre los activos que se han adjudicado y los negocios de venta en marcha.
En otras palabras, información más detallada, y caso por caso, de los activos inmobiliarios en balance, unas condiciones sin ningún precedente, no sólo en España, sino en todo el mundo.
