La nacionalización de BFA conllevará la desaparición como tal de Caja Madrid, Bancaja y las otras cinco cajas creadoras del banco, abocadas a convertirse en fundaciones bajo la tutela de sus respectivos gobiernos autonómicos. Esperanza Aguirre, como presidenta de la Comunidad de Madrid, tendrá la última palabra en la labor de la nueva institución.
Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Segovia, Caja Ávila, Caixa Laietana y Caja La Rioja eran titulares hasta ayer mismo del 100% de BFA, pero la conversión del crédito de 4.465 millones de euros otorgado al grupo hace dos años por acciones comunes dejará en manos del Estado esta participación, aunque el Ministerio de Economía no aclaró qué porcentaje quedará en sus manos. Según publica hoy El País, serán expertos independientes los que fijen la valoración y las condiciones económicas de la operación de nacionalización.
Una vez que se determine el valor de BFA, se pondrá en relación con los 4.465 millones de las participaciones del FROB más los intereses devengados y no satisfechos. Como precedentes inmediatos, el Estado se hizo en septiembre del año pasado con un 93% de Novacaixagalicia y un 90% de CatalunyaCaixa tras aportarles fondos públicos. No obstante, algunos medios dan por hecho que el Estado se quedará con el 100% de BFA.
En el momento en que el Estado supere el umbral del 75% del capital del BFA, y por consiguiente, las cajas pasen a poseer menos de un 25% del mismo, éstas deberán convertirse en fundaciones. En otras palabras, perderán su ficha bancaria y con ello toda posibilidad de realizar cualquier tipo de actividad financiera.
No obstante, la principal diferencia entre unas cajas que ya habían cedido sus negocios financieros al nuevo banco y las fundaciones pasa sobre todo por los órganos de gobierno, según han explicado expertos del sector a EL BOLETÍN. Frente a los actuales consejos de administración y asambleas, las fundaciones están dirigidas por un patronato, órgano al que corresponde “cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos”, según la propia definición que da el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Los patronatos están constituidos por un mínimo de tres miembros que elegirán entre ellos un presidente. También es indispensable el puesto de un secretario, que podrá ser ajeno al patronato, en cuyo caso tendrá voz pero no voto en las decisiones que se adopten
Frente a esta sobriedad, el entorno de Bankia y BFA cuenta actualmente con 1.150 consejeros que suponen un gasto de 15 millones de euros, así como una larga lista de órganos de gobierno. En ellos se incluyen siete consejos de administración, igual número de comisiones de control y otros tantos departamentos en el perímetro de BFA, Bankia, Caja Madrid y de todas sus empresas participadas forman parte del ‘reino’ que en apenas año y medio ha levantado Rodrigo Rato.
Otro punto relevante es que las cajas, una vez convertidas en fundaciones, pasarán a estar de nuevo bajo la tutela de las administraciones autonómicas. En ese sentido, la Comunidad de Madrid, la Generalitat valenciana y el resto de gobiernos regionales serán en última instancia los que decidan la composición del patronato y a qué se destinarán los fondos con los que cuente cada fundación.
Esta vuelta al pasado no deja de tener un punto de ironía, ya que los gobiernos autonómicos se pueden considerar también corresponsables de la situación en la que se encuentra actualmente la entidad, con un tejemaneje que politizó durante años los órganos de dirección de las cajas.
En ese sentido, la conversión puede afectar a la obra social, ya que pasará a depender por completo de la autonomía. No obstante, por el momento se respetarán los presupuestos de este año. La propia financiación de la obra social queda en entredicho una vez nacionalizado BFA, ya que las cajas no recibirán dividendo alguno del grupo y deberán mantenerse con su patrimonio actual.
