El rescate de Bankia parece inminente, pero más allá de la confirmada marcha de Rato, el sector es un hervidero de rumores sobre el modo en que se realizará. La nacionalización de la entidad, el apoyo mediante CoCos o incluso el troceo son las opciones barajadas, si bien los expertos apuestan por que se repita el modelo de Banesto, orquestado por el entonces gobernador del Banco de España, el fallecido Luis Ángel Rojo.
Los analistas consultados por EL Boletín destacan que más allá del modelo elegido para el rescate, sólo funcionará si logra recuperar la confianza de los inversores con una valoración de la entidad y sus activos que sea creíble para los inversores internacionales, algo que por el momento no se ha conseguido tras varios vaivenes normativos.
La hipótesis más probable es que el Estado inyecte capital en Bankia mediante bonos contingentes convertibles (CoCos), a un interés del 8% y por una cantidad que podría oscilar, según diversas fuentes, entre los 5.000 y los 8.000 millones de euros.
Los ‘CoCos’ son instrumentos de deuda que pasan a convertirse en acciones bajo determinados supuestos o contingencias. Por regla general, suele utilizarse como baremo que el banco mantenga un determinado ratio de capital, que en caso de perderse obligue a la conversión. Es decir, si una entidad emite un ‘CoCo’ ligado a mantener un core capital del 8%, en el caso de que el ratio se sitúe por debajo, los bonos son convertidos obligatoriamente en acciones. No obstante, los bonos pueden adoptar otros supuestos, como exigir la conversión obligatoria en una fecha fija.
Estos títulos computan como core Tier 1, o capital de máxima calidad, para la Autoridad Bancaria Europea (EBA), a diferencia de otros títulos híbridos como las participaciones preferentes, que han quedado fuera de juego con las nuevas normas de solvencia, y de los que BFA, la matriz de Bankia, ya recibió 4.465 millones de euros.
La principal ventaja para el Estado para utilizar este mecanismo es que las ayudas públicas no afectarán al déficit sino a la deuda, ya que los intereses del 8% en principio garantizan ganancias para las arcas públicas. No obstante, la inyección conllevará cambios obligados en la gestión de la entidad que, probablemente, afectarán a miembros de la cúpula directiva.
En España, a pesar de que se cuenta con el comportamiento ejemplar del Banco de España, entonces bajo la batuta del tristemente fallecido Luis Ángel Rojo, durante el caso Banesto, las actuaciones del supervisor han sido muy dispares.
Desde que se inició la crisis, sólo en los casos más flagrantes el Banco de España se ha inclinado por hacer una limpia con los equipos gestores de las entidades rescatadas. El primer ejemplo se vio en Caja Castilla-La Mancha (CCM). Cuando fue intervenida en marzo de 2009, una de las primeras medidas fue la marcha del equipo encabezado por su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, sustituido por unos gestores provisionales que encauzaron la adjudicación a Cajastur. Apenas un año después la historia se repitió con CajaSur y su presidente, Santiago Gómez Sierra. La caja cordobesa acabó adjudicada a BBK.
Ya en 2011, el Banco de España intervino la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y sustituyó a sus gestores, con Modesto Crespo a la cabeza. La entidad aún se mantiene bajo la tutela de los administradores del FROB, a la espera de que Bruselas de el visto bueno al Sabadell. En pleno proceso de subasta se encuentra el Banco de Valencia, intervenido en noviembre del año pasado, y que ha seguido unos plazos similares.
Sin embargo, en otros casos ha optado por mantener a los equipos gestores. Así ocurrió, por ejemplo, con las ayudas del denominado FROB 1, orquestadas a través de participaciones preferentes. Así, recibieron 4.465 millones BFA, la matriz de Bankia; 915 millones BMN; 977 millones Banca Cívica; 1.250 millones Novacaixagalicia; 1.250 millones CayalunyaCaixa; 380 millones Unnim; y 525 Caja España Duero.
Sin embargo, esta estrategia se ha demostrado errónea con el tiempo. BFA (Bankia) será el último caso de entidad rescatada, después de que el Banco de España se viese obligado en septiembre del año pasado a nacionalizar Novacaixagalicia y CatalunyaCaixa, en las que se volvieron a mantener los equipos directivos, dirigidos por José María Castellano y Adolf Todó respectivamente. El supervisor también se vio obligado a tomar el control total de Unnim, adjudicada en subasta al BBVA, mientras que Caja España Duero será absorbida por Unicaja y Banca Cívica por CaixaBank.
Sólo BMN parece poder mantener por el momento su independencia, aunque el Gobierno también ha presionado para que se integre con otra entidad.
La existencia de un agujero patrimonial de 3.636 millones de euros (605.000 millones de pesetas) lleva el 28 de diciembre de 1993 al Banco de España a intervenir Banesto y destituir a Mario Conde, y todo su consejo de administración, después de que el supervisor decida no dar por buena una proyectada ampliación de capital respaldada por el banco norteamericano JP Morgan, última tabla de salvación de Conde. En sólo un año Banesto había pasado de unos beneficios de más de 30.000 millones de pesetas en 1992 a registrar unas pérdidas de 6.000 millones entre enero y septiembre de 1993.
Tras la intervención, un equipo de gestores procedentes del BBV, encabezado por el hoy consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, asumió inicialmente el control del banco y se encargó de ejecutar un plan de saneamiento, que costó a las arcas del Estado unos 200.000 millones de pesetas (1.202 millones de euros), según los cálculos del entonces gobernador del Banco de España. Apenas cuatro meses después de su intervención, el 25 de abril de 1994, el Santander se adjudicó Banesto, al ganar su subasta.
Modelos de rescate de otros países
En 2008, el Ejecutivo británico, comandado entonces por Gordon Brown, decidió nacionalizar algunos de los principales bancos de las Islas, como RBS o Lloyds, sin exigir la renuncia de sus cúpulas directivas. A cambio de las ayudas los bancos sólo se vieron obligados a aceptar ciertas condiciones, como no repartir dividendos, controlar los sobresueldos de los ejecutivos u obligar a las entidades a prestar dinero a los negocios y a los ciudadanos.
Por el contrario, en EEUU las cúpulas directivas de los principales bancos estadounidenses sí han abandonado sus cargos, aunque en muchos casos se desató la polémica por los generosos colchones que se aseguraron en forma de pensiones. El ejemplo más significativo es Citigroup, cuyo consejo se renovó incluso antes de la entrada de capital público. Así, en 2007 Vikram Pandit asumió la presidencia del banco en sustitución de Charles Prince. Un año después, tras la quiebra de Lehman, la entidad fue nacionalizada.
De vuelta en Europa, un caso paradójico es el del banco franco belga Dexia, desmantelado finalmente tras haber tenido que ser rescatado dos veces. En septiembre de 2008, la entidad recibió 6.300 millones de euros de capital público de Francia y Bélgica, y el director de la compañía Pierre Richard y el consejero ejecutivo (CEO) Axel Miller renuncian a sus cargos para ser sustituidos por el anterior primer ministro belga, Jean-Luc Dehaene, y por Pierre Mariani, respectivamente. Sin embargo, en 2011, tras recibir otros 4.000 millones de euros, Dexia es troceado, quedando una parte bajo la tutela del Gobierno belga.
Alemania ha sido uno de los estados más duros en sus condiciones para rescatar a las entidades, si bien lo ha realizado en abundancia. Alemania se hizo en 2009 con el 25% del Commerzbank, y poco después el Gobierno aprobó una ley que permitiría no sólo nacionalizar bancos, sino expropiar a los accionistas de las entidades que dependiesen del dinero público para subsistir. La ley se redactó para atajar los continuos problemas del Hypo Real Estate, donde el Gobierno tuvo que inyectar 87.000 millones para evitar la quiebra.
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