El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, asegura que el sector de la energía en España «vive hoy en un maremágnum de incertidumbres» y advierte de que «las dudas sobre qué hará el Gobierno y qué medidas adoptará para modificar el modelo impregnan todas las áreas de actividad de una empresa eléctrica como Iberdrola».
En un ‘post’ en el ‘blog’ oficial de la compañía, Sánchez Galán cita el decálogo de medidas que Iberdrola considera necesario aplicar para acabar con el déficit de tarifa y corregir los desequilibrios del sistema eléctrico.
Entre las medidas propuestas figuran detener la construcción «no sostenible» de las renovables «más costosas», como las termosolares, y retribuir «con criterios no discriminatorios de rentabilidad» a todas las actividades con remuneración regulada.
También pide eliminar de la tarifa eléctrica conceptos que no deben ser soportados por el consumidor, repartir los costes de las renovables entre todos los sectores energéticos y financiar estas tecnologías con los ingresos de las subastas de CO2, unificar las cargas regionales «pseudoambientales».
Otras medidas son las de «incrementar moderadamente los peajes de acceso sin que tenga un efecto importante sobre el precio final», incentivar la eficiencia energética, liberalizar más el mercado y compartir la financiación del déficit de tarifa entre todos los agentes eléctricos.
«El debate debería centrarse en saber qué herencia vamos a dejar a las generaciones futuras», afirma el presidente de Iberdrola, quien recuerda que la compañía tiene «un compromiso constatable con sus accionistas, empleados, proveedores y con la sociedad en su conjunto».
«Iberdrola cuenta con más de 450.000 ahorradores españoles en su accionariado, muchos de ellos pensionistas para los que el dividendo es el complemento a su pensión», afirma Galán en el ‘post’.
El presidente de la eléctrica recuerda además que el sector invierte alrededor de 15.000 millones de euros anuales en España, genera empleos altamente cualificados y realiza compras a fabricantes y suministradores que rondan los 40.000 millones al año.