El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que garantiza los depósitos de familias y empresas, no cuenta con recursos suficientes para afrontar la operación de Banco de Valencia, lo que ha puesto sobre la mesa de nuevo la posibilidad de que se necesite un rescate con fondos europeos para completar la reestructuración del sector.
En concreto, para Banco de Valencia, y más que previsiblemente CayalunyaCaixa y Novagalicia, quedan apenas 676 millones, insuficientes a todas luces dadas la magnitud de las entidades y el lastre que acumulan en sus balances.
Los grandes bancos ya le han hecho saber además a De Guindos que no se fusionarán sin ayudas con las entidades más débiles del sector, y al mismo tiempo hacer una derrama del FGD no es precisamente la opción preferida. Aunque por el momento nadie quiere pronunciarse abiertamente, según comentan en privado algunas voces del sector financiero, la alternativa más del agrado de los bancos es la aportación de fondos públicos.
No obstante, el Gobierno no tiene intención de volver a inyectar dinero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a no ser que sea la única opción, ya que el uso de dinero a cuenta de los contribuyentes podría tener no demasiada buena acogida en la opinión pública tras los recortes aprobados con las primeras reformas del Ejecutivo de Mariano Rajoy, con la subida del IRPF y el abaratamiento del despido a la cabeza.
Así las cosas, una de las opciones más factibles sobre el tapete pasa por que el dinero proceda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF) o incluso del FMI, si bien en este caso podría afectar a la autonomía económica de España, al tratarse de facto de un rescate al Estado.
El FGD, seco
La intención inicial del Gobierno era que el FGD cubriera los costes de la reestructuración, pero el plan pronto se demostró inviable. En octubre, el Ejecutivo, entonces bajo el mando de José Luis Rodríguez Zapatero, acordó unir en un solo FGD los tres que existían hasta y que se financiaban de las respectivas aportaciones que efectuaban bancos, cajas y cooperativas de crédito. La suma de las tres cantidades dio como resultado un patrimonio de 6.593 millones.
Sin embargo, el saneamiento de la CAM , entregada por el precio simbólico de un euro al Banco Sabadell, costará un mínimo de 5.249 millones de euros, que será la cifra que alcance la ampliación de capital de la entidad alicantina, y que suscribirá íntegramente por el FGD una vez que Bruselas de el visto bueno a la operación.
Aun dando por bueno que el agujero de la CAM se limite a esos 5.249 millones (algunas fuentes lo cifran más bien en el entorno de los 12.000 millones), las cuentas no le salen a De Guindos. En el mejor de los casos quedan 1.344 millones de euros, a los que se suman otros 1.600 millones con las aportaciones anuales de las entidades, después de que el Gobierno de Zapatero aprobase el año pasado incrementar el límite legal de las cuotas que aportan los bancos, del 2 por mil al 3 por mil.
A esos poco más de 3.000 millones habrá que restarles las ayudas a Unnim, adjudicada a BBVA, ya que el FGD cubrirá 953 millones de pérdidas, y a partir de ahí, el 80% de las restantes pérdidas que puedan aflorar, y que el mercado cifra en al menos otros 900 millones de euros.
Pero además, hay que tener en cuenta que el fondo que cubre los ahorros de los depositantes sigue aún pagando el rescate de CCM, intervenida hace casi tres años. De hecho, según se desprende de la memoria del FGD del pasado ejercicio, este organismo desembolsó 510 millones en 2011 para cumplir con el esquema de protección de activos que obtuvo Cajastur cuando tomó el control de la caja manchega y en 2012 deberá pagar otros 524 millones más para cubrir los saneamientos del banco.
