Las cajas que recibieron préstamos públicos para acometer fusiones, como Bankia y BMN, podrán seguir haciendo aportaciones a los planes de pensiones de sus directivos, a pesar del recorte en los sueldos, que queda fijado en 600.000 euros.
Según el texto del real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sólo no se podrán engordar las pensiones de los directivos en aquellas cajas en las que el Estado se haya convertido en el principal accionista (las nacionalizadas) y en las que no se pueden pagar más de 300.000 euros al año. En ningún momento se hace alusión a tal respecto en la norma a las cajas que han recibido préstamos públicos.
Cuatro grupos de cajas, además de las nacionalizadas, recibieron préstamos públicos a través del FROB 1 para realizar la primera ronda de fusiones: Bankia (Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Ávila, Caja Insular de Canarias y Caja Rioja) recibió 4.465 millones; BMN (Cajamurcia, Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès), 915 millones; Caja España-Duero, 525 millones; por último, Banca Cívica (Cajasol, Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias), recibió 977 millones.
De estas cuatro, Bankia destinó el año pasado 1,695 millones de euros a los planes de pensiones de sus directivos, 1,73 millones si se incluye a José Luis Olivas, que abandonó la entidad tras el escándalo de Banco de Valencia. El principal beneficiado fue Francisco Verdú, el consejero delegado, con una aportación de 533.000 euros que supera los 489.000 euros del presidente Rodrigo Rato.
Mucho más modestas fueron las aportaciones en BMN, un total de 317.000 euros durante 2011, de los que 189.000 euros correspondieron a Federico Ros, director general. La entidad aportó para Carlos Egea 12.000 euros. El presidente de BMN, presidente de Cajamurcia desde 2008 tras haber sido durante 25 años director general de la entidad, tiene 2,1 millones de euros en derechos devengados en su plan de pensiones.
Banca Cívica no realizó en 2011 aportaciones a cargo de la entidad a planes de pensiones de sus directivos, mientras que Caja España-Duero no publicó las remuneraciones de su cúpula, acogiéndose a la ley de protección de datos.
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