Primero fue Standard & Poor’s y ahora Fitch. Las agencias de rating se han empeñado en que el Gobierno suba el recibo de la luz, única medida con la que consideran que el equipo de Mariano Rajoy podrá recortar de una manera efectiva el déficit de tarifa, que en 2011 excedió los 3.000 millones de euros que el regulador estableció como límite legal.
Fitch considera que se requerirán más subidas en el recibo de la luz para alcanzar el objetivo de déficit de tarifa, a pesar de la moratoria de energía renovable aprobada por el Ejecutivo. “Creemos que la interrupción de los proyectos de energías renovables ayudará a España a alcanzar su objetivo de 1.500 millones de euros para 2012”, señala.
“Alcanzar ese objetivo, sin embargo, seguirá siendo un reto”, en opinión de la agencia, que añade que “tomamos nota de que la mayoría de las empresas no habían previsto una importante inversión en energías renovables en sus planes estratégicos, lo que limita el potencial de ahorro en el anuncio del Gobierno”.
En la misma línea, a mediados de enero, S&P ya señaló en un informe que el Gobierno debería elevar la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que están acogidos la mayoría de los hogares españoles, para poner freno al déficit eléctrico. A juicio de la agencia, una subida inferior al 10% podría ser “manejable” desde el punto de vista político.
En un informe titulado “Cómo el déficit de tarifa español y la incertidumbre política podría afectar a las empresas eléctricas españolas”, S&P aseguraba que podría revisar el rating de las eléctricas españolas después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidiera congelar el recibo eléctrico. La agencia de calificación cree que no subir el precio de la luz pude tener implicaciones sobre el coste financiero de la deuda del sector.
S&P se hacía además varias preguntas acerca de los efectos de esta congelación sobre el sistema eléctrico español, entre ellas la de qué medidas aplica el Gobierno para hacer frente al déficit de tarifa. Además, se preguntaba por la incertidumbre actual acerca de las futuras medidas del Ejecutivo para atajar el problema y por la forma en que esta falta de definición podría afectar a la calidad crediticia de las propias eléctricas.
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