Cataluña ha decidido abortar la venta de sus edificios públicos a dos fondos internacionales. La oferta se ajustaba al precio que pedía la Generalitat pero ésta ha decidido rechazarla porque el acuerdo incluía cláusulas especiales vinculadas a una potencial ruptura del euro.
El Gobierno de Cataluña, que está llevando a cabo fuertes recortes del gasto y busca vender activos en medio de una crisis económica sin precedentes, había estado negociando desde diciembre con Moor Park Capital Partners, de Reino Unido, y con Och-Ziff Capital Management Group LLC, de EEUU, la venta de 27 inmuebles en el centro de la capital catalana, algunos tan emblemáticos como la Bolsa de Barcelona.
Entre los principales obstáculos, según han asegurado fuentes de la Generalitat al diario The Wall Street Journal, figuraba una cláusula con la que los compradores pretendían que las rentas de alquiler se pagaran en dólares si el euro se rompe.
Aunque se había alcanzado un acuerdo preliminar sobre el precio de los inmuebles (unos 500 millones de euros) y las rentas como parte de una operación de ‘sale-and-leaseback’ (el vendedor se compromete a permanecer como inquilino en los edificios), no se pudieron acordar ciertos términos que habrían aumentado los costes del alquiler, según el Gobierno catalán.
«La Generalitat de Cataluña tiene unas líneas rojas que ni quiere ni puede atravesar», ha asegurado Jacint Boixasa, director de Patrimonio de Cataluña, en una entrevista con el diario estadounidense. «Las administraciones públicas no pueden especular sobre la ruptura del euro», ha añadido.
Las garantías que exigían Moor Park y Och-Ziff son similares a las estrategias de muchos inversores que buscan cubrir los riesgos de una eventual ruptura del euro, en medio de una crisis de deuda soberana que acosa a la región desde hace ya dos años.
Esta venta de inmuebles está entre las iniciativas de los gobiernos regionales españoles para recortar los elevados déficits presupuestarios y captar liquidez. El fracaso de la operación no es una buena noticia para transacciones similares planeadas por otros gobiernos regionales, como el de Andalucía, en un sector que se ha visto muy afectado por la crisis económica de España.
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