Las autonomías, obligadas a vender sus inmuebles a precio de saldo

Las autonomías han puesto a la venta sus inmuebles, incluso algunos tan emblemáticos como la Bolsa de Barcelona, para captar liquidez. A pesar de que fondos americanos y británicos ya han mostrado interés, los expertos inmobiliarios de Jones Lang LaSalle, Aguirre Newman y DTZ creen que el momento para hacerlo no podría ser peor: la demanda de oficinas es baja, escaso el número de inversores y éstos ya no consideran a la Administración Pública un buen inquilino. El resultado: deberán sacrificar el precio.

Las Comunidades Autónomas, altamente endeudadas, han visto en la venta de sus inmuebles una herramienta para disponer de la liquidez que necesitan. Cataluña y Andalucía han sido los primeros en recurrir al ‘ladrillo’ con afán ‘recaudatorio’ y han puesto a la venta un total de 103 inmuebles -27 en Barcelona y 76 edificios propiedad de la Administración autonómica repartidos por toda la geografía andaluza- con los que esperan obtener unos 900 millones de euros.

El último Gobierno regional en acudir a este sistema para obtener capital ha sido el de Navarra que este mes ha autorizado la venta de 21 inmuebles de su propiedad con un valor de unos 17 millones de euros. Estas operaciones están siendo observadas por interés por otras comunidades, como Valencia, que parece ha dejado sus planes en ‘stand by’ a la espera de las ayudas que ha anunciado el Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

El problema es, según manifestaron a EL BOLETIN distintas consultoras, que dado que el momento inmobiliario es el que es deberán sacrificar el precio a la hora de vender. La causa: la demanda de oficinas es baja y la oferta de inmuebles en el mercado es alta, mientras que los inversores son escasos y, además, éstos ya no consideran a la Administración como un buen inquilino.

Pablo Kindelan, responsable de Inversión y Análisis de DTZ Research explica que el precio que van a conseguir estas administraciones regionales es más bajo que el hubiera conseguido hace cinco años, antes de la crisis, aunque en sus balances las ventas reporten plusvalías, dado que en muchos casos son edificios que compraron hace muchos años a otro valor de mercado muy inferior.

Otra cuestión que puede penalizar que las CCAA obtengan un buen precio es el hecho de sacar de golpe tantos inmuebles. El representante de DTZ explica que no es fácil vender los inmuebles en lotes tan grandes, ya que a los inversores les interesan más los que se ofertan bajo la fórmula de sale & lease back (vender un activo para después quedarse en alquiler), es decir los que sigan ocupados por la administración, pero no les interesan tanto los edificios vacíos. A pesar de ello, Kindelan hace notar que las cosas han cambiado y que sí hace unos años las autonomías y los ayuntamientos eran considerados los mejores inquilinos, ahora ya no lo son por culpa de su morosidad y los inversores prefieren ser ‘caseros’ de las grandes corporaciones.

Además, el meterlos todo los activos inmobiliario en el mismo saco es más difícil venderlos “ya que hay muchos perfiles de inversor: más conservador e institucional, más arriesgado. Y es que entre los edificios en venta hay algunos tan emblemáticos como la Bolsa de Barcelona, un palacete del siglo XIX en el centro de Cádiz y la famosa torre Schindler, construida en Sevilla a la orilla del río Guadalquivir para la Exposición Universal de 1992.

Respecto a cómo influirán estas ventas en los mercados de oficinas de Cataluña y Andalucía, desde Jones Lang Lasalle consideran que la venta de los inmuebles públicos de las CCAA para financiarse no influirá en el mercado de alquiler de las oficinas de estas dos regiones, ni provocará una bajada de los precios de arrendamiento. Según Esther Rovira, las propiedades de la Generalitat “tienen inquilinos, lo que da un valor añadido a las fincas, mientras que las oficinas que están en venta o alquiler carecen de este atractivo”.

Finalmente, Anna Gener, directora general de Aguirre Newman Barcelona hace una llamada al realismo. Concluye que “no se trata de precios bajos o altos, el asunto radica en que hay más oferta que demanda, el universo de compradores potenciales es muy reducido”. Según la consultora, los precios que exigen las autonomías por sus inmuebles deberán ajustarse y bajar.

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