Los directivos de las cajas de Castilla y León han sido los más rebeldes con el Banco de España, que había exigido a las entidades que habían recibido ayudas públicas que publicaran las remuneraciones de sus cúpulas de manera individualizada.
En Caja Segovia, accionista de Bankia, nadie desglosó los sueldos amparándose en la Ley de Protección de Datos. En Caja Ávila, un consejero (José Manuel Espinosa Herrero) se negó a hacer público el blindaje en caso de despido. Mientras, el presidente de Caja España-Duero, Evaristo del Canto, se ha negado a desvelar la remuneración que recibe de la entidad.
Otros directivos de esta misma entidad como José María de la Vega Carnicero, Francisco Javier Ajenjo, Luis Miguel Antolín, Oscar Fernández Huerga, Ventura Garzón, Carlos Gutiérrez Antolín, Arturo Jiménez Fernández, María Jose Rivera, y Francisco Javier Santos García también se han negado.
Sí han accedido a revelar sus datos los vocales Alejandro Menéndez, que ha reconocido una retribución total de 26.560 euros anuales, Miguel Ángel Álvarez (24.850 euros), Pablo Pérez Robla (2.820 euros) y José Ignacio Sánchez (2.360 euros).
El director de Caja Segovia, Miguel Ángel Sánchez Plaza, o su antecesor en el cargo, Manuel Escribano, no han otorgado su consentimiento para que se hagan públicas las retribuciones de la entidad a lo largo de 2011, como prevé la circular del Banco de España 4/2011, de 30 de noviembre. Sí que ha trascendido, según recoge la entidad en su página web, como información de relevancia prudencial, que el presidente, Atilano Soto (PP), ha percibido el año pasado 13.860 euros y que su vicepresidente, Manuel Agudíez (PSOE), ha cobrado 12.300 euros en 2011.
Fuentes jurídicas consultadas por EL BOLETÍN ya aseguraban que los grupos de las cajas pueden acogerse a esta artimaña legal sin problemas, a pesar de que algunos clientes habían adelantado que demandarían a las entidades que no publicasen los datos, por impedir el derecho a la información.
Algunos, incluso, han llegado a remitir una carta al director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), José Luis Rodríguez Álvarez, y al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la que solicitan que se ampare el derecho a dar y recibir la información sobre estos salarios.
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