Los gobiernos regionales de toda España han salido como una legión a pedir la ayuda de los fondos internacionales de inversión privada para salvar de la tijera presupuestaria algunos de sus proyectos más emblemáticos o la prestación de servicios básicos como la sanidad. Un salvavidas de última hora que, según fuentes consultadas por EL BOLETÍN, no sería tan fácil de conseguir dada la baja calificación crediticia que ostentan algunas autonomías españolas.
Un punto débil que las comunidades españolas podrían buscar solventar en su presentación a estos fondos mediante condiciones ventajosas a futuro para con los que ahora se ‘apiaden’ de su compleja situación económica y por la visibilidad financiera y mediática que otorgaría a los fondos privados participar en proyectos como el Campus de Justicia de Madrid o en el rescate in extremis de la paga de Navidad de los empleados públicos catalanes.
El tijeretazo que la crisis económica ha impuesto al gasto de las autonomías ha torcido los planes de muchos gobiernos regionales que, apurados por una abultada deuda, parecen haber encontrado al unísono el remedio milagroso a sus males: la venta de activos a fondos de inversíón internacional en modalidades como el ‘lease-back’, que además reporta beneficios fiscales complementarios a las arcas públicas.
Los políticos de dos de las regiones españolas más productivas económicamente han señalado directamente a estos fondos de inversión internacional como los posibles salvadores de sus planes presupuestarios. El portavoz de la Generalitat de Cataluña, Francesc Homs, ha afirmado este mismo miércoles que las negociaciones para acceder a un crédito extraordinario para la extra de los funcionarios están «maduras». Por su parte, el consejero de Economía de Madrid, Percival Manglano, afirmaba ayer mismo que el fondo Carlyle Group podría hacerse reflotar el proyecto del Campus de la Justicia de la región, ubicado al norte de la capital y paralizado por la crisis del ‘ladrillo’ desde el año 2009.
Declaraciones que en ambos casos dan por sentado la participación de estos fondos internacionales. Un supuesto que según fuenetes cercanas a los mismos han declarado a este diario que «aunque existan conctactos, la posibilidad real de que se llegue a un acuerdo es baja y, en cualquier caso está a años luz». Junto a los riesgos que implica invertir en el sector inmobiliario español, se suman las dificultades económicas de regiones como la propia Cataluña -que ya ha tenido que implantar el copago sanitario- y la amplia oferta de inmuebles, proyectos y carteras de inversión que las autonomías habrían llevado a las ventanillas de compra de estos fondos.
Por el momento Cataluña ya ha previsto ventas de hasta 200 millones para 2011 y de 888,2 millones más en 2012. Andalucía, con 952 millones, y la Comunidad Valenciana, con 265,9 millones, siguen en esta lista de vendedores apurados. Tampoco se salvan de pedir el favor de los grandes fondos internacionales, previsiblemente a cambio de grandes contrapartidas, Murcia, Aragón ni Castilla-La Mancha.
