Los organismos públicos dependientes de la Generalitat se han triplicado en ocho años, pasando de 88 en 2003 a un total de 268 en el año 2011, según consta en la documentación de los diversos Presupuestos de la Generalitat.
Del total de entidades, entre las que se incluyen sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones, 28 han sido calificadas contablemente como SEC, es decir, como firmas a cargo del gasto público, por lo que su deuda debía considerarse parte del endeudamiento de la Generalitat y debía incluirse en el presupuesto.
Este es el caso de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que debe 1.500 millones de euros, de ellos 1.300 millones a la banca y otros 200 millones a proveedores diversos. Ante esta situación, la Generalitat ha optado por subir el canon del agua un 8,5 % y privatizar la gestión de la sociedad Aigües del Ter-Llobregat.
El crecimiento y la reordenación del sector público catalán ya habían sido considerados problemáticos por el anterior conseller de Economí, Antoni Castells, quien anunció en junio de 2010 que desaparecerían 63 entidades de las 247 existentes en el momento. Pero no sólo no se redujeron sino que se crearon 21 más. Portavoces de la Conselleria no han podido concretar por qué no se llevó a cabo este recorte.
Su sucesor, Andreu Mas-Colell, ha puesto el acento en la reducción del 10% en su presupuesto autonómico (es la única comunidad en España que lo ha hecho), pero no ha explicado cómo va a reordenar el sector público catalán, cuando desde el Gobierno central se aboga por limitar el gasto autonómico.
