El proceso de reestructuración de las cajas, que implicará nuevas jubilaciones anticipadas, ha complicado el endurecimiento de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que quiere aplicar el Gobierno. La delicada situación financiera de alguna de estas entidades obliga al Ejecutivo a suavizar y a establecer una escala en las nuevas exigencias para las empresas que tengan beneficios y quieran recortar plantilla.
En concreto, las compañías con más de 500 trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos años, acometan ERE que afecten a trabajadores mayores de 50 tendrán que realizar “una aportación económica al Tesoro Público”. Así consta en una enmienda presentada por el PSOE al proyecto de ley de reforma de las políticas activas de empleo. Para fijar dicha aportación se tendrá en cuenta el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores afectados, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal durante el tiempo en que estos trabajadores estén en desempleo.
El importe de la aportación dependerá de cada situación, según asegura el Ministerio de Trabajo a EL BOLETÍN. Se determinará según una escala, que el texto no detalla y que se concretará reglamentariamente, pero que estará en función del número total de trabajadores de la empresa, de los empleados mayores de 50 años afectados y de los beneficios de la empresa.
De este modo, los requisitos variarán en función de cada compañía, también para un sector, el de las cajas de ahorro, que tendrá que acometer un proceso de reestructuración que implicará un recorte de 35.000 empleos, casi una cuarta parte de la plantilla que presentaban estas entidades al inicio de la crisis. Desde que comenzó el proceso ya se han recortado unos 13.200 puestos de trabajo, de los que la mayor parte se han llevado a cabo mediante ERE.
Pero no conformes con ello, las cajas de ahorro ya han encontrado fórmulas para burlar el endurecimiento de los ERES. Según fuentes sindicales del sector consultadas por este diario, las nuevas entidades podrían escudarse en que son empresas de reciente constitución tras haber materializado las diferentes fusiones. Este es uno de los argumentos que podría usar por ejemplo Novacaixagalicia, entidad resultante de la integración de las dos cajas gallegas hace ahora cinco meses.
Aunque así, la propuesta de enmienda presentada por el PSOE no ha gustado nada al sector. “La Administración está dando palos de ciego y legisla en caliente lo que genera más problemas de los que en principio se quieren solucionar”, asegura a este diario el secretario general de la sección sindical UGT en Caixanovagalicia, José Ramón de Pliego-Valdés.
Aunque a priori el endurecimiento de los ERE también podría afectar a Telefónica, que planea reestructurar el 20% de su plantilla en España. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Trabajo recuerdan que el caso de la operadora española podría ser diferente porque la compañía se habría comprometido a asumir el coste íntegro de su ajuste de plantilla, como siempre ha sucedido con los anteriores procesos llevado a cabo con éxito por el grupo. Telefónica, sin embargo, no ha querido confirmar este punto, porque aún no se ha decidido si finalmente se aplicará un ERE o no. Las negociaciones entre la dirección de la operadora y los representantes de los trabajadores para negociar ajuste laboral en España se iniciará probablemente en mayo, una vez que se haya constituido el comité intercentros, según afirma Efe.
Empleo sumergido
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha confirmado hoy que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará, por real decreto ley, el plan del Gobierno para que aflore el empleo sumergido. Según ha recordado, hoy acaba el plazo para que empresarios y sindicatos presenten sus alegaciones al segundo borrador de la iniciativa, y ha adelantado que si sus propuestas son “razonables, serán bien recibidas”. La economía sumergida en el empleo se sitúa en torno a los 82.500 millones de euros, un 8% del PIB, según las estimaciones realizadas los Técnicos de Hacienda (Gestha).
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