La Generalitat tiene previsto despedir antes del verano a más de 1.000 trabajadores de sus empresas públicas como parte del plan de ajuste de la Administración catalana. Los recortes afectarán principalmente a los altos cargos, interinos y eventuales.
La Consellería de Gobernación, responsable de la función pública, ha reconocido que se trata de un ajuste que se aprobó en febrero de este año por el cual estas empresas públicas y entidades deben o reducir un 6% de su masa salarial o un 5% de su plantilla antes del 30 de junio y hasta entonces no se sabrá la cifra exacta de los afectados. Finalmente se ha optado por la primera opción para que el ajuste resulte «lo menos traumático posible».
Para ello, la reducción del gasto de estas entidades se realizaría mediante la fórmula de no cubrir bajas, suplencias o reducciones horarias, no afectando a funcionarios con oposición ganada. Gobernación alega que el ajuste no afecta a funcionarios con oposición ganada y que los perjudicados son en su mayoría interinos, personal contratado y eventuales para reforzar determinados horarios, turnos o servicios.
El personal de las empresas públicas, consorcios, entidades mercantiles, fundaciones y organismos de diversa condición sumaba un total de 49.670 personas el 2010, según consta en los Presupuestos de la Generalitat del año pasado, con lo que un 5% de esa cifra serían más de 2.400 trabajadores, el triple del ERE que llevó a cabo Nissan en 2009, el mayor de Cataluña en los últimos años.
Los recortes que planea la Generalitat pueden servir de hoja de ruta para otros gobiernos autonómicos que después de las elecciones del 22 de mayo lleguen al poder y descubran que sus antecesores en el cargo no gestionaron las arcas públicas con la transparencia esperada.
De esta forma, el personal interino, contratado y los trabajadores eventuales encargados de reforzar determinados horarios, turnos o servicios serán los principales perjudicados de la medida.
Los despidos podrían haber comenzado ya en cuatro empresas, dos de ellas del sector de la construcción. De esta forma, en la empresa de promoción urbanística (Incasol) la medida ha supuesto el despido de 22 trabajadores, mientras que en la promotora de vivienda pública Adigsa se han ejecutado 20 despidos. A la lista habría que unir, según los sindicatos, el Instituto Cartográfico, con otros 20, y en el Parque Científico de Barcelona, 12.
En total, 74 despidos a los que tan sólo se ha abonado 20 días por año trabajado, según apuntan UGT y Comisiones Obreras que además critican las bajas indemnizaciones con las que la Generalitat está aplicando este ajuste.
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