El Gobierno español ha advertido que intervendrá las cajas de ahorros que no logren recapitalizarse hasta obtener un capital de calidad superior al 8% antes de septiembre. Así lo establece el nuevo Plan de Reforzamiento del Sector Financiero, que ha presentado a la prensa la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. El objetivo de dicho plan, según la ministra, es inyectar confianza y credibilidad al sistema financiero español y facilitar la financiación de los bancos y las cajas.
No solo las cajas. Todas las instituciones del sector financiero español deberán cumplir en la misma fecha con los requerimientos de capital anteriormente citados. Hay excepciones. El porcentaje será mayor en el caso de las instituciones que no coticen en la Bolsa española, no tengan una presencia significativa de inversores privados y presenten, además, una dependencia hacia los mercados financieros mayoristas superior al 20%.
Además, si los balances del año 2010, cerrados el pasado 31 de diciembre, ponen de manifiesto que alguna compañía necesita una recapitalización, las instituciones deberán detallar la estrategia que planean seguir para conseguirlo. En septiembre, será el Banco de España el encargado de dar a conocer el nombre de las entidades que, al no haber conseguido cumplir con los requisitos establecidos, serán intervenidas por el Estado.
En estos casos, el Gobierno dará vía libre al Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) para que adquiera acciones ordinarias a precios de mercado, lo que nacionalizaría de hecho a las compañías afectadas por este proceso. Las entidades tendrán entonces que comprometerse a elaborar un plan de reestructuración y viabilidad a cambio del aporte dinerario estatal.
Sin embargo, las compañías pueden anticipar la intervención del FROB en caso de que consideren antes de otoño que no conseguirán recapitalizarse con fondos provenientes del sector privado.
Tras haber entrado en el capital de un banco o caja, el FROB permanecerá como inversor durante un máximo de cinco años. El fondo sólo entrará en el capital de aquellas entidades que hayan traspasado el 100% de su actividad financiera a un banco de nueva creación.
El Gobierno aún no ha presentado una estimación oficial de la cantidad de dinero que hará falta para recapitalizar las entidades financieras que así lo necesiten. Sin embargo, Elena Salgado ha estimado que ésta cantidad no será superior a los 20.000 millones de euros.
Según Salgado, en el peor de los supuestos, el impacto que tendría la nacionalización de las entidades financieras que no puedan recapitalizarse sobre la deuda soberana española sería mínimo. Un aumento del 2% en el ratio de deuda – Producto Interior Bruto (PIB).
Asimismo, la ministra ha asegurado que la posible nacionalización no afectaría al objetivo del déficit. Lo haría si no se dieran tres condiciones que sí se cumplen. “La primera es que se tratase de entidades en pérdidas, y no es así. La segunda, que no se hiciera en condiciones de mercado, y se hace. La tercera, que no fuera de forma temporal. Y lo es”, ha dicho la titular de la cartera de Economía.
Estos requerimientos mínimos de capital básico establecidos por el Gobierno adelantan los requisitos previstos para el año 2013 por el acuerdo Basilea III. El nuevo plan tiene como objetivo eliminar las dudas existentes, sobre todo en el terreno internacional, en torno al sistema financiero español.
Un segundo objetivo de la iniciativa, que según los planes del Gobierno será aprobada en forma de decreto-ley durante el próximo mes de febrero, es adaptar el marco jurídico de las cajas de ahorros para facilitar su acceso al mercado financiero y canalizar así el crédito a la economía familiar y empresarial de España.
