Los inversores internacionales no realizarán ninguna inversión en las cajas de ahorros si antes el Estado no sanea sus balances y las recapitaliza. Esa es la principal condición que, según fuentes financieras, le han hecho saber en algunos contactos al Gobierno, que hoy mismo ha reconocido que prepara un plan para reforzar «la solvencia y la credibilidad» de las entidades y acelerar la reestructuración del sector.
Sin embargo, la inyección de dinero fresco no es el único requisito que exigen los mercados, que ven con recelo cómo los mismos gestores que llevaron a la actual posición al sector se colocan también al frente de las nuevas entidades surgidas de la primera ronda de integraciones. En ese sentido, fuentes del mercado señalan que sería necesaria una depuración de responsabilidades similar a la que se produjo en la banca británica y en la estadounidense. En ambos casos, la ‘nacionalización’ de los bancos trajo consigo un relevo en los puestos directivos.
Otra de las grandes preocupaciones es que la reforma de la Ley de cajas realizada el pasado verano ha nacido muerta en la práctica, y no son pocas las voces que se preguntan si entonces no se desaprovechó la posibilidad de acometer un texto más agresivo que postulase la reconversión de las cajas hacia modelos de negocios más conocidos por los mercados. Es decir, en bancos. En palabras pronunciadas esta misma semana por Jaime Caruana, director general del BIS «la experiencia dice que los riesgos de quedarse cortos son más elevados que los de ser ambiciosos», y el Gobierno parece haber tomado nota al respecto.
El vicepresidente primero del Ejecutivo y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, reconoció el viernes que el Ejecutivo prepara un plan para acelerar la reestructuración de las cajas. A tal fin se negocia a tres bandas entre la CECA, el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España.
