Los planes del Gobierno de Zapatero para acelerar la transformación de las cajas de ahorros en bancos han chocado con la enrevesada situación legal española. Aunque el Ejecutivo aprobó en verano la ley que permitía la transformación de las entidades en bancos que pudiesen ser capitalizados mediante la apelación a los mercados, en la práctica aún no se puede aplicar porque muchas autonomías no la han adaptado.
La presión de los mercados sobre la deuda española, que ha cerrado de hecho el acceso a los mercados de financiación al sistema bancario español, con las únicas salvedades de Banco Santander y BBVA, ha llevado al Ejecutivo a presionar a las cajas para que aceleren su transformación en bancos.
La Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (Lorca) aprobada el pasado verano contemplaba la posibilidad de que las cajas se convirtiesen en bancos que aglutinen todo el negocio financiero de la entidad y tengan accionistas privados, aunque una fundación (en representación de la caja) ostentaría como mínimo el 51% del capital, pero aún no se ha producido ningún movimiento en este sentido.
Fuentes cercanas al sector han recordado en declaraciones a EL BOLETÍN que, a pesar de las posibles prisas del Gobierno, un proceso de transformación tan radical lleva tiempo. Todavía muchas comunidades autónomas están adaptando la Lorca. Tras el visto bueno autonómico aún restaría un último paso, que no sería otro que la aprobación de nuevos estatutos en el seno de las cajas para adoptar la nueva legislación.
De hecho, no fue hasta ayer mismo cuando el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó la reforma de la Ley de Cajas gracias a los votos del PP y la abstención de PSOE e IU. Esta ley permite por fin a las cajas emitir cuotas participativas con derechos políticos hasta un 50 % de su patrimonio. Se contempla también la creación de un SIP mediante el cual se canalice la actividad indirecta de la caja a través de una ficha bancaria, y se transforme a a propia caja en una fundación.
El caso de la Comunidad de Madrid no es único, sino que algunos ejecutivos regionales van aún más retrasados. Así ocurre por ejemplo en Galicia, que el año pasado llegó incluso a recurrir ante el Tribunal Constitucional el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y que aún no ha adaptado su texto a la nueva normativa estatal.
Tampoco han aprobado su ley autonómica la Comunidad valenciana, que espera aprobar el texto a finales de enero, o Andalucía, que se ha dado de plazo hasta marzo y lo hará previsiblemente mediante decreto ley. Canarias aprobó su propia normativa hace apenas unos días.
Mientras se soluciona la reestructuración de las cajas de ahorros, el sector se prepara para las nuevas pruebas de resistencia de la banca que se realizarán previsiblemente en marzo. Ayer mismo, José García Cantera, consejero delegado de Banesto, declaraba que aún no tenía “constancia oficial” de cuándo se van a realizar ni de qué variables contemplarán, aunque señaló que a su juicio “no habrá sorpresas” respecto a los resultados que alcanzaron las entidades en julio del pasado año. Entonces, cinco grupos de cajas suspendieron los test.
