Los abogados de Iberdrola han acusado a ACS y a Natixis ante el juzgado mercantil número uno de Madrid de haber suscrito un supuesto pacto parasocial “oculto” para ceder a la constructora los derechos políticos de sus derivados en la eléctrica y situarse en una posición de “abuso de poder” contraria a la legislación y a la normativa de la propia compañía participada.
Este ha sido el argumento de Iberdrola en la vista en la que, a modo de diligencias previas, la eléctrica exige a Natixis que entregue el contenido de los contratos de ‘equity swaps’ firmados con ACS, a través de los cuales la constructora controla en la actualidad un 5% del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán.
En estos contratos, según la eléctrica, podría apreciarse además una pérdida de valor contable de la participación de ACS incorrectamente contabilizada. Por su parte, Natixis se ha negado de nuevo a detallar el contenido del contrato argumentando, entre otras cosas, que el firmante es en realidad su filial Nexgen. El juez Carlos Nieto ha indicado que en unos dos días decidirá si exige o no a Natixis que exhiba el contrato.
UBS, en una nota enviada a sus clientes, parece confirmar las tesis de Iberdrola. Según el banco que contrató la constructora para suscribir el último paquete accionarial que tomó de la eléctrica, ACS querría entrar en el consejo de administración de Iberdrola para asumir el proyecto estratégico de esta compañía y proceder a la venta de sus mejores activos internacionales para obtener mayores dividendos.
El pasado diciembre, ACS pasó a controlar más del 20% del capital social de Iberdrola (porcentaje con el que aspira a entrar en sus órganos de gobierno), tras acelerar en ese mes la compra de acciones.
UBS recuerda el paso de ACS por Unión Fenosa y Dragados y dice que la política cortoplacista de la constructora en Iberdrola pasa por vender sus activos internacionales más importantes —ScottishPower y Energy East— para repartir dividendos extraordinarios que alivien sus propias cuentas, con una deuda de 9.970 millones. Esto, dice el banco, comprometería el futuro de Iberdrola, al frenar su expansión internacional.
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