El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró hoy sus previsiones sobre la economía española. El organismo espera que el PIB se contraiga un 0,3% este año, para crecer el 0,7% en 2011. En ambos casos, supone un alza de una décima frente a sus anteriores estimaciones. El pronóstico de 2010 ha mejorado hasta coincidir con el del Gobierno, y el de 2011 coincide con el de los analistas y es la mitad del crecimiento esperado por el Ejecutivo (del 1,3%).
La institución además pone en duda el éxito de los planes del Gobierno para corregir el déficit público, después del drástico ajuste fiscal aprobado, y asegura que hay riesgo de que en 2015 España todavía no haya puesto de nuevo bajo control su deuda. Respecto a la zona del euro, la revisión al alza ha sido más significativa, aunque no exenta de riesgos. Según sus nuevos cálculos, crecerá un 1,7% en 2010, siete décimas más que en su anterior previsión, y un 1,5% en 2011 cuando hace unos meses auguraba un repunte del PIB del 1,3%.
La peor parte se la lleva EEUU, cuyas previsiones han sufrido el mayor correctivo, principalmente por el menor consumo de las familias y el alto desempleo. Al calor de la evolución reciente de la primera potencia mundial, el Fondo Monetario Internacional cree que su PIB avanzará un 2,6% este ejercicio y un 2,3% el próximo, seis décimas menos.
La publicación de estas previsiones es un aperitivo de la Aasamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se celebrará esta semana en Washington con la presencia de más de 180 países, se presenta caliente. El organismo dirigido por el francés Dominique Strauss-Kahn no ha escatimado críticas en las últimas semanas, que han abarcado desde las agencias de calificación hasta la falta de reformas de calado realizadas por los países desarrollados.
El pasado mes de septiembre el FMI lanzó uno de los primeros dardos al instar a los diferentes estados a reducir su dependencia de las agencias calificadoras. Además, les recomendó que requieran a las compañías (Moody’s, S&P y Fitch) una especificación de los ratios de probabilidad de impago al emitir los respectivos ratings sobre las deudas soberanas. “Las calificaciones crediticias pueden jugar un papel importante y positivo en los mercados de capitales. Sin embargo, la crisis de la calificación de titulizaciones estructuradas ha expuesto algunos fallos del sistema y despertado preocupaciones sobre la filosofía de calificación que siguen las agencias de rating”, apuntaba el organismo en su Informe de Estabilidad Financiera Global del organismo.
Sin embargo las críticas no se limitan a las agencias calificadoras, en el ojo del huracán desde que se inició la crisis subprime, sino que se extienden a los propios Estados. En este sentido, el organismo dirigido por Strauss-Kahn ha mostrado su malestar por el hecho de que los gobiernos, especialmente europeos, se centren en la contención del déficit y apenas realicen esfuerzos para luchar contra el paro. “Esta crisis, la más grave de todas, ha dejado un desierto de parados sin parangón”, según las propias palabras de Strauss-Kahn durante la inauguración de la conferencia sobre empleo que se celebró el pasado septiembre, y a la que acudió el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Por ello, “si no se adoptan las políticas adecuadas para hace frente a esta tragedia, el coste económico y social será tremendo porque estamos hablando de una generación perdida”. Otra de las preocupaciones del FMI radica en el hecho de que tres años después de que se iniciase la crisis, apenas se haya avanzado en las reformas necesarias, como la del sector financiero. Según avisó ayer mismo la institución, el sistema financiero atraviesa aún un período de “significativa incertidumbre” y sigue siendo “el talón de Aquiles de la recuperación económica”.
La asamblea del FMI y el banco Mundial que se celebra en Washington supone la antesala de la reunión del G-20, que reunirá el próximo mes de noviembre en Seúl.
Las críticas del FMI sobre la regulación financiera se producen en pleno debate sobre las retribuciones extraordinarias de los banqueros. Los supervisores de la Unión Europea se reúnen hoy en Londres para discutir los bonus. La FSA (Financial Service Authority) británica pretende que gracias a esta reunión el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) implemente unas reglas de obligado cumplimiento para todas las entidades europeas independientemente de su país de origen.
En la reunión celebrada hoy se reúnen el Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) y los supervisores de los 27 países de la UE. La FSA aboga por que se imponga un límite del 50% en los bonus que puedan percibir los bancos, aunque la última directiva de la Comisión Europea lo sitúa actualmente en un 30%. Según publica Bloomberg, la reguladora británica requiere además que un 40% de esta retribución sea retrasada al menos tres años para evitar una visión ‘cortoplacista’ en los beneficios de los directivos de la banca, y que como mínimo un 50% de este bonus se perciba en acciones. Las reglas europeas de límites a los sueldos bancarios son coherentes con la propuesta de la FSA “aunque debemos dejar claro que es provisional, porque otras interpretaciones son posibles”, según ha declarado a Bloomberg Heidi Ashley, portavoz del regulador británico, en una entrevista.
La reunión de hoy no girará sólo en torno a los sueldos de los banqueros, sino que también está previsto que se aborde el efecto que tendrán las nuevas reglas de capital aprobadas por Basilea, que han endurecido los requisitos de recursos que deben cumplir las entidades, aunque finalmente se les ha dado un plazo muy holgado (junio de 2019) para cumplirlas. Esta prórroga, que tiene como objeto mantener el flujo de crédito en una economía en recuperación, ya ha sido criticada desde algunos sectores. Algunos países incluso se plantean endurecer aún más la normativa por encima de lo estipulado en Basilea III. Así, por ejemplo, el Gobierno suizo plantea obligar a las entidades del país a tener reservas de fondos propios equivalentes al 19% de los activos ponderaros en función de los riesgos. Lo establecido por el Comité de Basilea el mes pasado establecía una tasa del 10,5%, mientras que los grandes bancos suizos estaban obligados a tener un porcentaje de fondos propios del 8%.
Reino Unido ha sido uno de los países que más activos se está mostrando a la hora de endurecer la supervisión bancaria, tras el escándalo de los multimillonarios rescates bancarios que tuvieron que ser realizados. Así, en diciembre del pasado año, el entonces ministro de Hacienda británico, Alistair Darling, anunciaba la creación de un nuevo impuesto del 50% sobre los bonus de los banqueros que superasen las 25.000 libras. Con esta medida, cobrada a cargo del empleador y vigente hasta mediados de abril, el Gobierno de Reino Unido esperaba poder recaudar 550 millones de libras, ya que se daba por hecho que las entidades reducirían los sueldos de sus directivos para evitar este desembolso. Sin embargo, la banca no modificó sus políticas retributivas con el consiguiente perjuicio de sus resultados trimestrales.
