España acudirá a la reunión del G-20, que se celebrará los días 26 y 27 de junio en Toronto, con los deberes hechos al menos en lo que respecta al sector financiero. Con la decisión tomada ayer por el Banco de España para elevar los requisitos de provisiones a la banca, el regulador español da un paso más para aumentar la transparencia en el sistema, al mismo tiempo que aprovecha para espolear la reestructuración de las cajas de ahorros, las más expuestas al ladrillo.
La intención de la institución dirigida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez es que el proceso de reordenación esté solucionado para la fecha de la reunión, teniendo en cuenta además que el próximo mes finaliza también el plazo dado por la Comisión Europea para que las entidades accedan al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dotado inicialmente por el Estado con 9.000 millones de euros.
La institución dirigida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez responde además con hechos a las insinuaciones de regulación laxa del secretario del Tesoro de EEUU, Tim Geithner, que ayer mismo pidió a las autoridades europeas que lleven a cabo “exámenes de estrés” a sus bancos de cara a la reforma financiera, que será uno de los asuntos abordados en Toronto. Las nuevas medidas aparecen además apenas unos días después de la intervención de Cajasur, segunda que se ha tenido que realizar en España (tras CCM) desde que estalló la crisis. En EEUU, donde el Estado se vio obligado a salir al rescate de la gran banca con inyecciones de capital millonarias, sólo en 2009 140 bancos entraron en quiebra, y según datos del FDIC 775 entidades engrosan la lista de “bancos en problemas”. Se calcula que al menos un 13% de estos quebrarán.
En este sentido, fuentes próximas al sector financiero han señalado a EL BOLETÍN que estas nuevas medidas tienen como objetivo aclarar las dudas que se habían vertido en los últimos tiempos sobre los balances y la transparencia de las entidades españolas, después de que diversos medios internacionales hubiesen llegado a acusar a bancos y cajas de ocultar morosidad mediante las adjudicaciones de inmuebles. Los nuevos requisitos tendrán así el cometido de devolver «credibilidad» al sistema financiero, algo clave dada la intranquilidad que reina en todos los mercados.
El Banco de España anunció ayer tarde un cambio en la Circular contable 4/200, que supone “una simplificación y clarificación del sistema de provisiones”, según el supervisor, pero también, un incremento del esfuerzo que tendrá que realizar el sector en su conjunto. Los cambios se concentran en dos líneas. En primer lugar, se unifica el calendario “largo” y “corto” de provisiones de morosos hipotecarios, de tal forma que el plazo para provisionar créditos morosos se reduce a un año (25% hasta seis meses; 50% entre seis y nueve meses; 75% más de nueve meses y 100% hasta 12 meses).
No obstante, las provisiones se realizarán por una cantidad menor a anteriormente, una antigua reivindicación del sector, ya que se reconoce el valor de tasación con una serie de descuentos (20% si es vivienda terminada o residencia habitual, y hasta el 50% en el caso de solares, parcelas y casas sin terminar). Hasta el momento, la provisión debía hacerse por el 100% del valor de la vivienda. Por último, en cuanto a los inmuebles adjudicados, se debe reconocer un deterioro mínimo del 10% en el momento inicial, del 20% transcurridos 12 meses y el 30% para más de dos años. Este cambio regulatorio añade presión al sector, en pleno proceso de reestructuración. Esta nueva medida ha sido interpretada como un toque de atención para que las entidades aceleren este proceso.
Los analistas consideran sin embargo que la gran banca apenas notará el efecto de estos cambios. Los expertos de Banesto Bolsa consideran que las nuevas medidas no van a suponer “una alteración sustancial del esfuerzo que tiene que realizar el sector”, ya que, “se acabará provisionando más rápido pero sobre una cantidad menor”.
El Banco de España ha sido uno de los principales causantes de que el sector financiero español haya superado la crisis mejor que sus rivales europeos, y, por ende, de que España haya logrado una representación dentro del G-20, el foro mundial donde se discuten las principales medidas para superar las actuales turbulencias. Desde el inicio de la crisis, la institución dirigida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha sido puesta como un modelo a seguir para el resto de reguladores internacionales gracias sobre todo a las provisiones anticíclicas, que obligan a las entidades a realizar más dotaciones en épocas de bonanza. Estas medidas, que en su día fueron acogidas con rechazo por los bancos y cajas, suponen ahora su principal fortaleza y podrían ser imitadas en todo el mundo.
Sólo dos entidades, CCM y Cajasur, han tenido que ser intervenidas por el BdE desde que se inició la crisis de las hipotecas subprime en 2007, frente a las inyecciones de capital multimillonarias que han tenido que realizar estados como EEUU, Alemania o Reino Unido, y que han desembocado en una nacionalización parcial de algunos de los principales bancos del mundo.
No sólo las provisiones anticíclicas podrían ser imitadas, sino que diferentes países ya han abogado por que se cree una tasa bancaria especial para dotar un fondo que financie futuros rescates. Tal y como ya han señalado en diversas ocasiones personajes de la talla de Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, esta tasa es igual a la que paga la banca española al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)
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