Caixa Galicia y Caixanova han logrado finalmente llegar a un principio de acuerdo para su fusión, que ha sido aprobado hoy mismo por los sendos consejos de administración. Este entendimiento se produce después de que ayer, tras más de ocho horas de reunión, los representantes de ambas entidades no lograsen llegar a un acuerdo en una reunión que finalizó bien entrada la madrugada.
Sin embargo, la presión de la Xunta y del propio Banco de España para acelerar los procesos han vencido finalmente las reticencias de las dos cajas. La semana pasada, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los líderes del PSdeG, Manuel Vázquez, y del BNG, Guillerme Vázquez, llegaron a un acuerdo para garantizar su “aval” político a la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, después de que el BdE diese su visto bueno a esta operación, señalando su viabilidad y solvencia. Hoy mismo, el gobernador del regulador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha recordado que el tiempo para acceder al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se agota.
Los dos principales escollos para esta operación se encontraban en la elección del periodo de transitoriedad, las sedes sociales y la distribución de la presidencia de la nueva caja fusionada, según reconoció recientemente el presidente de Caixa Galicia, Mauro Varela. El pacto incluye la designación de dos copresidencias rotatorias para la futura caja fusionada, pero que no se ha establecido aún el orden temporal de estos cargos. Además, la caja única tendrá su sede social en La Coruña y una sede operativa en Vigo. Anteriormente, las dos cajas de ahorros ya habían acordado que el consejo de la entidad fusionada fuera paritario con un reparto al 50% de sus puestos entre Caixa Galicia y Caixanova.
Según la auditoría realizada por KPMG a instancias de la Xunta a principios de 2010, la unión de las entidades ahorrará unos 120 millones de euros al año dadas las sinergias que se crearán entre ambas cajas y daría beneficios desde el primer año. No obstante, obligará a cerrar 296 oficinas, 13 de ellas en el extranjero, y a recortar las plantillas de ambas entidades en 1.296 empleos, con unos costes de reestructuración de 485 millones de euros, que estarían amortizados en 2013. Además, requiere ayudas de 1.190 millones de euros del FROB.
La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ha celebrado esta tarde un consejo de administración en el que la entidad alicantina estudiará “las distintas posibilidades” que tiene para buscar una fusión o entrar en un SIP. Según han remarcado fuentes de la caja a EL BOLETÍN, el principal punto del orden del día es “informar al consejo sobre la situación del sector financiero” que queda tras la reunión la semana pasada de Zapatero y Rajoy, en la que los líderes de los dos principales partidos políticos acordaron, entre otros asuntos, acelerar la reestructuración del sector. No obstante, estas fuentes han descartado que se vaya “a abordar un proceso en concreto”, después de que en los últimos días se hayan disparado las especulaciones.
Entre los nombres que se barajan para una fusión se incluye Caja Madrid, aunque las preferencias de la caja alicantina han sido siempre la alianza con una caja de tamaño medio o pequeño que le permita liderar un proceso de absorción. Otras probabilidades con las que especula la prensa son Caja Murcia e incluso Bancaja, lo que cumpliría una de las aspiraciones de Camps, presidente de la Generalitat.
