Desde el inicio de la crisis, unos 14.500 empleados de las cajas han perdido su trabajo. Sin embargo, el recorte aún no ha terminado y ya se empieza a vislumbrar otro frente en el que empiezan a correr peligro los puestos de trabajo: las fundaciones, sin autonomía financiera y con cada vez más dificultades para financiar las obras sociales.
La Fundación Caja Castellón-Bancaja prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) ante la escasez de recursos con los que cuenta debido a la nacionalización de Bankia. El gerente de la fundación, Julián Minguillón, anunció la semana pasada a los tres representantes sindicales y a los propios empleados del ente la inminente presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 38 de los 44 trabajadores.
La razón esgrimida, la nacionalización de Bankia, a la que Bancaja había traspasado la totalidad de su negocio financiero, que dejará en la práctica la obra social de la caja valenciana sin recursos.
Menos traumático será el ajuste en la Obra Social de Caja Cantabria. La entidad integrada dentro de Liberbank llevará a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción que afectará a una cifra de entre 12 y 14 trabajadores. En principio, se realizará a través de jubilaciones anticipadas de los empleados mayores de 54 años.
Según publica El Diario Montañés, Caja Cantabria se ha visto obligado a esta medida ya que no ha recibido aún el crédito de 4,2 millones de euros comprometido por Liberbank, que aglutina el negocio financiero de la propia Caja Cantabria, de Cajastur y de Caja Extremadura.
Las fuentes consultadas por Efe señalan que este Expediente de Regulación es consecuencia de que el presupuesto de la Obra Social “se ha reducido mucho”, concretamente la mitad, de 7,5 a 4,2 millones, y lo relacionan con “los ajustes” que se están produciendo.
Liberbank, que llegó a un principio de acuerdo para fusionarse con Caja3 e Ibercaja, decidió no repartir dividendos a sus accionistas (Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) con cargo al ejercicio pasado para destinar todos sus beneficios a reservas y provisiones con el objetivo de cumplir con los nuevos requisitos regulatorios del Gobierno.
En vez de ello, el banco se comprometió a garantizar este año la actividad de las obras sociales de sus tres accionistas con una aportación financiera de 30 millones, en proporción al peso accionarial.
En el caso de la Obra Social de la Caja cántabra el importe del crédito comprometido, de acuerdo con el porcentaje de participación del 14 %, es de 4,2 millones de euros, pero aún no ha llegado ese dinero “ni se sabe cuándo lo hará”. Por eso se hace este ERE, cuyo periodo de consultas se espera que comience esta semana.
