La cajas gallegas ‘adelgazan’ para fusionarse

Caixanova y Caixa Galicia, las dos cajas gallegas que recientemente retomaron las conversaciones para una posible fusión, han comenzado a reforzar sus líneas de financiación, lo que les permitirá depender en menor medida de las ayudas públicas.

Caixanova cerró ayer en apenas cinco horas la colocación de 600 millones de euros en bonos con vencimiento en 2015. Esta emisión, que contó con el aval del Estado, se colocó a un precio de 85 puntos básicos sobre el tipo de referencia midswap, lo que representa una rentabilidad de un 3,125%. Las emisiones de deuda fueron suscritas, fundamentalmente, por entidades bancarias (44,9%), fondos de inversión (22,4%), compañías de seguros (19%) y Bancos Centrales (3,2%). Caixanova aún tiene un margen de unos 95 millones de euros para emitir con aval del Estado, por lo que es posible que realice más operaciones similares.

Participadas Caixa Galicia, por su parte, ha optado por adelgazar su cartera de participadas, siguiendo el ejemplo de otras entidades que han visto en esta posibilidad un medio de tener menor dependencia de las caras ayudas públicas.

Una de sus últimas operaciones ha sido la venta hace apenas unas semanas de su 4,5% en la portuguesa Galp, lo que le ha reportado unas plusvalías de 157 millones. Tras esta venta, la cartera industrial de Caixa Galicia se limita a un 15,34% de Tecnocom (que podría estar valorado en unos 35 millones de euros a precio de mercado), el 3% de Sacyr (60 millones), el 20% de Pescanova, (85 millones), y el 4% de la inmobiliaria Afirma. Caixanova aún no se ha decidido por esta opción, aunque su participación en empresas cotizadas es mayor que la de Caixa Galicia.

Así, controla, por ejemplo, un 5% de Banco Pastor, una participación que podría estar valorada en unos 57 millones de euros. También posee un 5% de Logística de Hidrocarburos (CLH), que podría llegar a estar valorada en unos 150 millones de euros. Caixanova también participa en Sacyr, Adolfo Domínguez o NH Hoteles, entre otras cotizadas.

Según el informe realizado por KPMG a instancias de la propia Xunta, la integración conllevaría 1.300 recortes de empleos, que se realizarían en su mayoría mediante prejubilaciones. Además, será necesario solicitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), recurrido por el Gobierno gallego, 1.190 millones de euros. Estas ayudas podrían resultarles muy caras a las entidades, ya que se reciben a un tipo de interés del 7,75% el primer año, y a partir del 8% el segundo. Además, el Ejecutivo comunitario puso límite a las ayudas públicas que podrán recibir las cajas de ahorros del fondo en el 2% de los activos ponderados por riesgo. Este segundo requisito obliga también a sanear las carteras.

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